El gobierno federal, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), solicitó formalmente al gobierno de Puebla y a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe detallado sobre las investigaciones existentes en torno a los asesinatos de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y Alfonso Calderón, líderes del movimiento estudiantil y víctimas de crímenes políticos y de Estado.

Informaron integrantes de la Comisión de la Verdad y la Justicia para los próceres universitarios poblanos en una rueda de prensa, destacando que esta acción se da por instrucción directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien recibió una petición al respecto durante su visita a Puebla en septiembre.

Los miembros de la Comisión explicaron que, tras la entrega de la petición para esclarecer los homicidios, la presidentadio una respuesta inmediata canalizando el asunto a través de la CEAV.

Derivado de esto, la instancia federal envió un correo electrónico con el oficio presidencial tanto al gobernador Alejandro Armenta Mier como a la fiscal Idamis Pastor Betancourt, para que respondan en el marco de sus competencias y transparenten el estado de las investigaciones.

La exigencia se centra en crímenes que se cometieron durante el periodo de la denominada “guerra sucia” encabezada por el entonces gobernador Gonzalo Bautista O’farril en los años 1972 y 1973.

El pasado 23 de octubre, la agrupación fue recibida en la Ciudad de México por Abel Galván Gallardo, titular de la CEAV, a quien expusieron la problemática histórica.

Durante el encuentro, la CEAV sugirió a los activistas que los “pasivos secundarios” (familiares o cercanos) de los asesinados presenten una solicitud formal a la Fiscal estatal para conocer el estado de las averiguaciones previas abiertas en esos años.

En caso de no recibir respuesta, se recomendó promover una queja ante la Fiscalía Especial en Delitos del Pasado, Sociales y Políticos, para que esta intervenga.

Los activistas fueron enfáticos al señalar que tanto el gobernador Armenta como la fiscal Pastor Betancourt “están obligados a informar lo que solicita la presidenta de la República”.

“Hasta el momento no contamos con información de que estas autoridades del Estado hayan dado ya cumplimiento a lo solicitado”, agregaron.

Insistieron en que la respuesta debe darse con prontitud e incluir una disculpa pública en memoria de los afectados y sus familias. Advirtieron que, si las autoridades poblanas son omisas a la petición presidencial, estarían incurriendo en complicidad con los homicidios de los próceres universitarios.