Cuatro familias presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por agresiones ocurridas el pasado 11 de septiembre en la secundaria vespertina del Centro Escolar 5 de Mayo, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal ha descartado públicamente la gravedad de los señalamientos al asegurar que “en lo más mínimo” se trata de delitos sexuales.

Los hechos se registraron cuando un grupo de estudiantes quedó sin la supervisión de un docente en el aula. De acuerdo con los testimonios recabados, un alumno realizó tocamientos sin consentimiento a sus compañeras. Aunque medios locales ccodumentaron entre 12 y 13 alumnas afectadas, hasta el momento solo se han ratificado cuatro denuncias legales.

Señalamientos contra la autoridad escolar

Las estudiantes afectadas denunciaron que, tras los hechos, un prefecto del plantel minimizó la situación, les ordenó guardar sus teléfonos celulares cuando intentaban comunicarse con sus padres y les profirió expresiones revictimizantes como “eso les pasa por ofrecidas”.

Asimismo, los testimonios apuntan a que tanto el prefecto como la dirección de la escuela intentaron obstruir el proceso para evitar que las familias acudieran a las autoridades ministeriales. Estas acusaciones permanecen sujetas a las investigaciones de las instancias administrativas y judiciales correspondientes.

Por su parte, la SEP informó que seis estudiantes fueron separados temporalmente del plantel para continuar sus clases en línea, además de recibir acompañamiento psicológico. Sin embargo, la dependencia generó contradicciones al afirmar simultáneamente que no existe un señalamiento directo contra los alumnos apartados.

La controversia por la postura oficial

El subsecretario de Educación, José Enrique Martínez Peláez, reconoció la existencia de las denuncias ante la FGE, pero desestimó la gravedad de los hechos al declarar que estos “no son delitos de orden sexual, en lo más mínimo”, precisando que clasificar y tipificar cualquier conducta delictiva corresponde exclusivamente a la Fiscalía y a los tribunales competentes, por lo que la postura anticipada de la autoridad educativa ha encendido alertas sobre una posible revictimización institucional.

Hasta el momento, la SEP no ha aclarado si se iniciaron procedimientos administrativos contra el prefecto y la dirección del plantel, ni ha explicado quién asumirá la responsabilidad por la falta de vigilancia en el grupo durante la ausencia del profesor, o por qué las medidas cautelares apartaron también de las aulas presenciales a las alumnas denunciantes.