La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Recomendación 208VG/2026, un extenso documento de más de 860 páginas, determinó formalmente que no existió una “acción de Estado” ni responsabilidad institucional del Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en Iguala, Guerrero, durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El pronunciamiento del organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra representa un viraje absoluto frente a las conclusiones previas de organismos independientes y comisiones gubernamentales que sostenían la tesis de un crimen institucionalizado.

Aunque la recomendación reconoce un total de 92 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, el organismo acota la responsabilidad castrense exclusivamente a omisiones individuales cometidas por 20 elementos militares que actualmente enfrentan procesos penales.

Uno de los puntos que mayor indignación y rechazo ha despertado entre las organizaciones civiles y los familiares de las víctimas es el inusual tratamiento formal otorgado a las Fuerzas Armadas. A diferencia de las 22 autoridades federales y locales que fueron notificadas formalmente del dictamen, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue excluida del listado de destinatarios directos de la recomendación.

La CNDH justificó esta medida argumentando que la institución castrense ya entregó toda la información requerida, incluyendo los polémicos 800 folios del Centro Regional de Inteligencia de Iguala exigidos históricamente por los padres de los normalistas.

Asimismo, la resolución arremete duramente contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj).

La gestión de Piedra Ibarra califica los informes de estos organismos como promotores de una “narrativa de la anti-verdad histórica”, acusándolos de sesgar y utilizar parcialmente las evidencias del expediente original de 2018 para forzar una imputación institucional contra el Ejército como aparato de Estado.

Encinas desmiente al organismo

La reacción de quienes investigaron el caso no se hizo esperar. Ante las conclusiones vertidas por la CNDH, Alejandro Encinas Rodríguez, exdirector de la Covaj entre 2018 y 2023 y actual embajador de México ante la OEA, utilizó sus redes sociales para difundir documentos de inteligencia militar de carácter oficial que contradicen de forma frontal el dictamen de la Comisión.

Dichos informes demuestran de manera inequívoca que el soldado de infantería Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos, operaba bajo una “fachada de alumno” dentro de la Normal de Ayotzinapa, adscrito formalmente como Órgano de Búsqueda de Información (OBI) del Ejército.

El funcionario además compartió un documento donde detalla que en junio de 2014 el soldado López Patolzin se inscribió a la institución con fines exclusivos de inteligencia militar.

Además, el 26 de septiembre de 2014 envió su último reporte de actividades a sus mandos superiores, solo horas antes de que iniciaran los ataques armados en Iguala.

A pesar de la contundencia de estos archivos castrenses, la recomendación redactada por la CNDH descarta que López Patolzin fuera un informante o infiltrado del Estado, argumentando que su presencia en el plantel escolar obedecía a una normativa interna común que faculta a los militares en activo a cursar estudios civiles.

Traición y falta de autonomía

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y diversas organizaciones de la sociedad civil lamentaron lo que calificaron como un “sometimiento institucional” del organismo hacia las Fuerzas Armadas, señalando que el énfasis del voluminoso expediente radica en refutar y demeritar las exigencias de verdad de las víctimas, así como en desacreditar la labor de defensa de derechos humanos.

Por su parte, el abogado de las familias de los normalistas, Isidoro Vicario, denunció que la CNDH actuó de espaldas a los dolientes, emitiendo el fallo sin un acercamiento ni consulta previa.

“Esta recomendación no aporta ni un solo elemento nuevo que sirva para esclarecer el paradero de los estudiantes”, fustigó el litigante. Vicario recordó además que el GIEI documentó infiltraciones del Ejército en la escuela desde el año 2010 y reiteró la existencia de testimonios sobre el despliegue de un convoy militar en el Hospital Cristina la noche de la tragedia, hecho que la CNDH minimizó reduciéndolo a una “inspección de rutina sin agresión directa”.

Hasta el momento, la Sedena ha evitado pronunciarse públicamente sobre los documentos internos exhibidos por Encinas o la nueva resolución de la CNDH.