Redacción PH

Ante la amenaza de ataques violentos que han sido víctimas 11 defensores indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades del gobierno de Puebla y al comandante de la Guardia Nacional en la entidad, implementar medidas cautelares para salvaguardar la seguridad, vida e integridad de los pobladores.

Así lo advierte la CNDH en un comunicado al referirse a los sucesos que iniciaron el 14 de diciembre, cuando los habitantes del mencionado municipio detuvieron a cuatro personas armadas que ingresaron a la comunidad con la supuesta intención de asesinar a 11 defensores indígenas.

Sin embargo, tres de los cuatro detenidos lograron escapar, quedando una persona bajo custodia de los pobladores. Posteriormente, habitantes del municipio recibieron amenazas, a través del teléfono celular de la persona detenida, en las que se asegura que, de no liberarla, personas armadas volverán “a terminar el trabajo para el que fueron contratados”.

Las amenazas fueron denunciadas por el colectivo nacional “Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos” quienes solicitaron la intervención de la CNDH, a través de un escrito de queja.

Te interesa: Comuna de Coyomeapan omite justificar gasto de 365 mil pesos ante la ASF

Estos hechos de violencia ocurren en un contexto de conflicto político emanado de las pasadas elecciones del 6 de junio, así como de la detención de un grupo de defensores indígenas.

También precisan que de estos hechos violentos ya tiene conocimiento las autoridades del estado, las cuales no han realizado acción alguna.

Por ello y ante la sospecha de que ocurra algún ataque violento, la CNDH solicitó al gobernador Miguel Barbosa Huerta, así como a las secretarias de Gobierno y de Seguridad Pública, y al comandante de la Guardia Nacional, que realicen las acciones pertinentes y eficaces que garanticen la vida, integridad personal, patrimonio y seguridad individual y colectiva de los habitantes del municipio de Coyomeapan.

También piden que se coordinen con los tres niveles de gobierno, e instalen de manera permanente módulos de vigilancia en las inmediaciones y al interior del municipio.

Al fiscal general se le solicita que realice, sin dilación alguna, las investigaciones de los hechos suscitados el 14 de diciembre de 2021, por tratarse de probables delitos, a fin de determinar la responsabilidad de las personas involucradas.

Además, que “garantice a través de los mecanismos y protocolos aplicables, la máxima protección de las 11 personas que defienden los derechos humanos en favor de las comunidades indígenas, a quienes, en caso de ser procedente, se les deberá otorgar la calidad de víctimas, para efectos de la reparación integral del daño y garantía de no repetición”.

Las medidas cautelares deberán implementarse por un plazo de 30 días, el cual podrá prorrogarse en caso de ser necesario.