La Colectiva Feminista de Izquierda “19 de Marzo” manifestó su rechazo total a la iniciativa de reforma al Código Civil del Estado de Puebla en materia de gestación asistida, al considerar que vulnera derechos humanos, promueve la explotación de mujeres en situación de pobreza y abre la puerta al tráfico de menores.

Durante un posicionamiento público realizado el sábado 24 de enero, integrantes de la colectiva señalaron que la propuesta presentada en el Congreso local no representa una ampliación de derechos, sino una legalización de prácticas que mercantilizan los cuerpos de las mujeres, particularmente de aquellas en condiciones de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con la organización, su oposición a la iniciativa no responde a criterios morales, sino a argumentos políticos y de derechos humanos.

Entre los principales señalamientos, destacaron que la gestación subrogada, incluso bajo esquemas denominados “altruistas”, constituye una violación a la dignidad humana, al instrumentalizar a las mujeres como medios de reproducción.

Asimismo, advirtieron que la iniciativa se dirige principalmente a mujeres empobrecidas, lo que, en un contexto de desigualdad estructural como el de Puebla, convierte el supuesto consentimiento en una “falacia”, advirtiendo que no puede hablarse de libre elección cuando median condiciones de necesidad económica extrema.

Además, calificaron como ilegal y abusivo de los contratos de gestación, ya que, advirtieron, obligarían a las mujeres a renunciar de manera anticipada e irrevocable a derechos como la filiación y la autonomía reproductiva, incluso antes del nacimiento. Indicaron que esta irrevocabilidad contraviene estándares internacionales, los cuales establecen que cualquier consentimiento relacionado con la adopción o entrega de un menor solo puede ser válido después del nacimiento.

También alertaron que la iniciativa podría limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo o sobre decisiones médicas durante la gestación, lo que, afirmaron, va en contra de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de autonomía reproductiva.

Como alternativa, la colectiva se pronunció por impulsar políticas de justicia social y salud reproductiva ética que no dependan de la explotación de terceros.

Además, exigieron al gobierno del estado invertir en servicios de salud reproductiva que respeten la dignidad de las mujeres, y llamaron al Congreso del Estado a desechar la iniciativa, y convocaron a colectivas y organizaciones del estado a sumarse a lo que denominaron una “resistencia feminista” contra la mercantilización de los cuerpos y la infancia.