Redacción

Diputados de la comisión Inspectora buscará que se audite a diversos sujetos obligados como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (Issstep), por presunto desvío de recursos a través de sus respectivos titulares.

Acordaron durante la Comisión General Inspectora en la cual también confirmaron que se recibieron cinco denuncias y dos solicitudes de información relacionadas con la fiscalización de las cuentas públicas del expresidente municipal de Amozoc.

Mietras que para el Issstep dieron entrada a una petición de una auditoría, contra la Universidad recibieron una carta respecto a presumibles hechos de desvío de recursos en la Facultad de Filosofía y Letras, ademas de una solicitud de ex universitarios donde exponen los argumentos para la realización de una auditoría a la BUAP.

Además, por unanimidad, la Comisión General Inspectora de la Auditoria Superior del Estado aprobó el dictamen para dar cumplimiento al requerimiento judicial del Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales.

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Durante su intervención, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo explicó que el dictamen fue elaborado en atención a un requerimiento judicial por medio del cual se notificó la resolución a favor del expresidente municipal de Zapotiltlán, en contra del Procedimiento Administrativo realizado en la LVII Legislatura, para sancionarlo por no comprobar los pliegos de cargos dentro de la cuenta pública 2006.

La diputada señaló que el pasado 21 de enero les fue notificado el acuerdo por el que solicitan al Congreso dejar sin efecto el Decreto y reponerlo con uno que reitere las consideraciones que no fueron objeto de estudio en el juicio.

Romero Garci-Crespo puntualizó que el hecho de dejar sin efecto un Decreto de legislaturas pasadas para emitir uno que ampara y protege al ciudadano que lo combatió judicialmente, es el resultado de omisiones y negligencias de las pasadas legislaturas y de la pasada Auditoría Superior del Estado.

La legisladora se comprometió a trabajar con la ASE para que dejen de suceder este tipo de situaciones y lograr que la fiscalización superior en Puebla sirva para proteger a la hacienda pública, en beneficio de las y los poblanos.

Durante la discusión de este Acuerdo, el diputado Javier Casique Zárate explicó que se tiene que dar cumplimiento a la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado, en el que se establece que la justicia ampara y protege al quejoso, Mario Onésimo Fuentes Pacheco, por lo que se ordena dejar sin efecto el dictamen de la LVII Legislatura.

El diputado hizo un llamado para que en la revisión de las cuentas públicas se respete en todo momento las garantías consagradas en la Carta Magna.