La concesión a la empresa Agua de Puebla viola el derecho humano al líquido, ejerce represión mediática, fue entregada en una licitación opaca e incrementó sus costos hasta en 500 por ciento, advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el estudio “Protección de Ríos, Lagos y Acuífero”, la CNDH también advierte la sospecha de corrupción en la licitación.

Advierte que la concesión, además de violar el derecho fundamental al vital líquido, aumentó hasta en 500 por ciento las tarifas de consumo, lo que refuerza la idea de “privatización”, pues además la empresa tiene la autorización para operarla por 30 años.

Otro de los focos rojos que se han advertido es la falta de claridad en el cobro del servicio, la mala distribución del líquido, nuevos conceptos de cobro bajo el concepto de “cuotas” por la instalación de medidores, cortes injustificados y extensiones de contrato sin consulta de los usuarios.

Sin embargo Puebla no es el único estado donde se dio la privatización, también ocurrió en Aguascalientes, Quinta Roo, Sonora, Coahuila y Veracruz.

El informe también destaca el papel “omiso” de las autoridades municipales las cuales no se han preocupado por las violaciones y a pesar de las quejas de los usuarios, no han reportado sanciones a las administradoras del agua.

Contrario a lo que se esperaba, los procesos de privatización y saneamiento de agua “han sido injustos para los municipios y usuarios, antieconómicos, dañinos al medio ambiente y opacos”, advierte en sus observaciones la defensora.

El mismo informe deja en claro que en México “prevalece un modelo de gestión del agua excluyente e insostenible que favorece a las actividades empresariales y extractivas por encima del bienestar social y la equidad”.

Cabe recordar hace cinco años por iniciativa del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle, el Congreso del estado de Puebla concesionó la administración del líquido a “Concesiones Integrales” empresa que creo Agua de Puebla.