La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro, declarando firme la condena de 27 años de cárcel por el delito de golpismo.

El líder de la ultraderecha brasileña dará inicio al cumplimiento de su sentencia este mismo martes en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, después de que el Tribunal Supremo desechara su apelación y su defensa renunciara a presentar nuevos recursos.

Bolsonaro ya se encontraba detenido en esa sede policial desde el pasado sábado bajo prisión preventiva, tras haber sido arrestado por intentar dañar su tobillera electrónica, un hecho que fue interpretado por el juez como un intento de fuga.

El ex jefe de Estado fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado al tramar con militares un plan para retener el poder después de perder las elecciones de 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva. Esta conspiración incluyó planes para asesinar a Lula y a otras autoridades, y culminó con el violento asalto a las sedes del Gobierno, el Parlamento y el Tribunal Supremo, perpetrado por miles de sus seguidores el 8 de enero de 2023.

Antes de su arresto, Bolsonaro ya estaba bajo prisión domiciliaria desde agosto por incumplir diversas medidas cautelares impuestas durante el proceso.

A pesar de la condena, la defensa del exmandatario ha manifestado su intención de solicitar nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, citando razones “humanitarias” debido a la edad de Bolsonaro, 70 años, y a su frágil estado de salud.

El expresidente padece episodios de ansiedad, hipo y vómitos, dolencias que atribuye a la grave puñalada que recibió en 2018.

El pasado domingo, el exmandatario negó ante un juez que su intento de manipular la tobillera con una soldadora fuera un intento de huida, atribuyendo el acto a una “paranoia” y “alucinaciones” causadas por la medicación que toma para combatir una depresión.

La declaración firme de la condena no solo afecta a Bolsonaro, sino que también se extiende a otros dos reos juzgados por el mismo intento de impedir la investidura de Lula da Silva. Se trata del exministro de Justicia, Anderson Torres, quien deberá cumplir una pena de 24 años, y el diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y que actualmente se encuentra en Estados Unidos.