Me invitaron a hablar. No por cortesía, sino porque pagué. No pagué con gusto, tampoco con resignación: pagué con el deber amargo de saber que en este país hasta para defender la libertad de expresión hay que cooperar. Así fue el Parlamento Abierto Empresarial de COPARMEX Puebla, en donde por $1,600 —y no un peso menos— uno podía comprar su derecho a ser escuchado. Bueno, más bien a estar sentado. Porque a algunos, como a mí, no nos dieron la palabra. La libertad de expresión se nos quedó entre el postre y los discursos, como adorno, como promesa.

Me senté al fondo, como quien ya sabe el guion. Vi desfilar a los de siempre: diputados con cara de circunstancia, empresarios con entusiasmo moderado, activistas con carpeta y voz templada. Escuché a quienes sí subieron al estrado, algunos con ideas que comparto y otros con frases recicladas de foros anteriores. Yo, que llevaba días preparando mi intervención, terminé entregándola impresa, junto con la de otros que tampoco hablaron. Ahí están nuestras palabras, encuadernadas y entregadas en mano, para que digan que sí nos escucharon.

La diputada presidenta, Laura Artemisa Rodríguez, tomó la palabra para recordarnos —como quien regaña con cariño— que no existe tal “ley de ciberasedio”. Que lo que hay es una modificación al Código Penal del Estado. Como si cambiarle el nombre al verdugo le hiciera menos verdugo. Que la intención es proteger a niñas, niños, víctimas de violencia. Como si el 480 no fuera una trampa tan amplia como ambigua. Que se harán las modificaciones necesarias. Que no se quiere censurar a nadie. Como si la censura se anunciara con trompetas.

Yo he dado clases sobre esto. He debatido con rectorías, he leído a Gramsci, he perdido becas y he ganado enemigos por decir lo que pienso. Y lo que pienso es esto: cuando el poder asegura que una ley “no es contra nadie”, hay que revisar dos veces la letra chiquita. Porque el problema no es solo el 480, sino la narrativa que lo sostiene. El discurso que culpa al ciudadano incómodo, al tuitero mordaz, al periodista que no se alinea. El discurso que pone la seguridad por encima de la verdad, la armonía sobre la crítica, el silencio sobre la palabra.

La presidenta de COPARMEX Puebla, Bety Camacho Ruiz, agradeció la presencia de la diputada y le tomó la palabra para modificar el artículo. Un aplauso. Un gesto institucional. Una escena bien coreografiada. Al fondo, los que no hablamos, nos miramos en silencio. Sabíamos que eso también era parte del show. Que no hay verdadera escucha si el diálogo es condicionado. Que el Parlamento fue más ceremonia que participación.

Y sin embargo, algo quedó: más de 8 mil personas ya firmaron una petición en Change.org para derogar el 480. Ocho mil. Eso no es paranoia ni grilla. Es sociedad civil activa, informada, harta. Es la prueba de que no estamos dispuestos a ser los extras de esta obra legislativa.

No, no queremos ediciones “perfectibles”. Queremos que se derogue. Y no por capricho, sino por compromiso con los principios del Convenio de Budapest, con los estándares internacionales, con la dignidad digital de una ciudadanía que no necesita ser tutelada por su Congreso.

¿Quieren diálogo? Aquí estamos. ¿Quieren reformas? Que sean progresistas. ¿Quieren democracia? Pues déjennos hablar, aunque no paguemos $1,600 por el micrófono.

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz
Profesor universitario y ciudadano en resistencia.

Sobre el autor

Dr. Luis Enrique Sánchez Fernández es politólogo, ensayista y cronista de la Puebla profunda. Autor de la serie Anatomía de un sexenio sentimental, ha explorado los vínculos entre afecto, control y populismo desde la trinchera analítica, la cátedra crítica y la escritura sin anestesia.