El Congreso del Estado destinará un total de 8 millones 468 mil 427 pesos para financiar los informes legislativos individuales de sus 41 integrantes. Cada legislador, sin distinción entre mayoría relativa y representación proporcional, dispondrá de 206 mil 547 pesos para la difusión de sus actividades parlamentarias.

Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), confirmó la asignación de la partida y señaló que el monto se mantiene sin cambios respecto a las tres legislaturas anteriores.

“Preferimos no moverlo, aunque todo ha cambiado de precio”, justificó Gaspar Ramírez destacando que se trata de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas para evitar incrementos en el gasto corriente pese a la inflación.

Debe recordarse que la legislación interna establece diferencias operativas en la realización de estos eventos. De acuerdo con el artículo 43, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados de mayoría están obligados a rendir cuentas al menos una vez al año dentro de su distrito, mientras que los plurinominales tienen la facultad de hacerlo en cualquier municipio del estado.

Asimismo, el uso de los recursos públicos asignados está condicionado por el artículo 11 del Código de Ética Legislativa. Esta disposición exige que los informes incluyan de manera explícita:

• Avances legislativos e iniciativas de autoría propia
• Labores de fiscalización
• Acciones de gestoría social
• Resultados de las comisiones ordinarias y especiales, vinculados al Plan de Trabajo inicial

El anuncio de los fondos para los 41 legisladores coincide con el inicio del ciclo institucional. Conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica, el propio Pável Gaspar encabezará el Informe Anual del Congreso en una sesión solemne programada para este viernes 4 de septiembre a las 10:00 horas, a la cual se invitó al gobernador Alejandro Armenta Mier y a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar.

A partir de este evento institucional, se abrirá el periodo para que las y los diputados realicen sus presentaciones individuales a lo largo de septiembre y octubre. Como parte del proceso de comprobación financiera, la fecha límite establecida para entregar ante la administración del Congreso las facturas, contratos y documentación fiscal que avalen el uso del dinero público será el próximo 15 de noviembre.

La paradoja de la rendición de cuentas

Si bien la ley mandata a los representantes populares informar a la ciudadanía sobre su gestión, la asignación de estos recursos enfrenta cuestionamientos sobre su transparencia definitiva. Hasta el momento, el destino final del gasto no cuenta con un desglose público detallado que permita conocer proveedores, adjudicaciones directas o los resultados comparables de la inversión publicitaria y logística de cada diputado.

Esta situación plantea una paradoja institucional: se emplean fondos públicos para transparentar el trabajo legislativo, pero la ruta documental del dinero, que incluye facturas y comprobantes por legislador, permanece pendiente de escrutinio público para verificar su correcta aplicación.