Redacción
Para terminar con los abusos que se cometen en el servicio y arrastre de grúas, así como en los depósitos de vehículos por los altos costos a las tarifas por el traslado de unidades y el uso de piso en los corralones, la diputada Mónica Lara Chávez presentó ante el Pleno la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
Con las modificaciones a la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica la Secretaría de Movilidad y Transporte podrá establecer las tarifas mínimas y máximas para quienes presten estos servicios.
En ese sentido Lara Chávez recordó que los poblanos se quejan de costos excesivos que van desde 600 pesos hasta los 50 mil pesos por los servicios de arrastre y traslado de una unidad; tarifas similares que manejan por derecho de piso en los corralones.
Con la reforma también se frena el autoritarismo de algunas agrupaciones, quienes han generado un monopolio en diferentes puntos del estado con el servicio de grúas.
No obstante, de acuerdo con José Juan Espinosa Torres, se debe revisar la propuesta, ya que se contrapone con los ordenamientos municipales y federales, luego de que el gobierno del estado no tiene jurisdicción en estos tramos y pasaría por encima de la autonomía municipal y federal.
Para saber: Segom va contra ambulantes de Antorcha; presenta 16 denuncias
Finalmente, la propuesta luego de ser discutida, analizada y dictaminada por el pleno de la LX Legislatura fue aprobada por mayoría
Capacitación a policías
En la sesión también se aprobó exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla y a los 217 ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, realicen las gestiones necesarias con el objeto de fortalecer y reforzar los programas de capacitación, actualización y profesionalización de los elementos de la policía estatal y municipal.
Para saber: Aprueba diputados 150 Leyes de Ingresos Municipales del Ejercicio Fiscal 2020
Con ello se busca dotarlos de los conocimientos técnicos, operativos y legales, así como principios constitucionales en la materia, para el mejor desempeño de sus labores y el respeto de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.
En ello coincidieron los diputados Uruviel González Vieyra, Rocío García Olmedo y Carlos Alberto Morales Álvarez, quienes destacaron la necesidad de fortalecerlos, no solo porque son pieza clave en el combate a la delincuencia, sino porque son la primera autoridad que debe atender a las víctimas del delito.
