El próximo 10 de septiembre, la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Lucero Bárcenas, junto con el síndico y los siete regidores que integran el Cabildo, comparecerán ante el Congreso del Estado para presentar sus pruebas de defensa y alegatos dentro del procedimiento de revocación de mandato y posible disolución del ayuntamiento.

Informó el diputado Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, quien detalló que personal del Poder Legislativo ya se trasladó al municipio mixteco para notificar formalmente a los involucrados sobre la realización de la audiencia, programada para las 10:00 horas del próximo jueves.

Durante una entrevista con medios de comunicación, el legislador de Morena subrayó que el proceso se lleva a cabo en estricto apego a la Ley Orgánica Municipal, garantizando el derecho de audiencia y el debido proceso para que cada uno de los funcionarios municipales cuente con un espacio de 30 minutos para exponer sus argumentos frente a las acusaciones de ingobernabilidad que enfrenta la administración.

El procedimiento formal en el Congreso local inició el pasado 3 de septiembre, tras una sesión en la que se abrió el expediente con base en la documentación remitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal y por los propios regidores, quienes solicitaron la revocación del mandato de la alcaldesa debido a una parálisis administrativa y descontento social.

Asimismo, Huerta Gómez indicó que dentro de los expedientes turnados al Congreso se incluyó una acusación directa contra el exsecretario de seguridad municipal, Juan Alberto Domínguez, por presuntas agresiones y amedrentamiento en contra de los regidores. Ante estos señalamientos, el legislador apuntó que la información será turnada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las indagatorias correspondientes.

Tras la diligencia del próximo jueves, la Comisión de Gobernación sesionará para analizar la documentación y las pruebas aportadas por las partes, con el propósito de determinar una solución definitiva que será sometida a votación ante el Pleno del Congreso a más tardar el 13 de septiembre.

Huerta Gómez aclaró que el Poder Legislativo no tiene la obligación legal de desaparecer por completo al ayuntamiento ni de revocar mandatos de manera generalizada, por lo que la decisión final dependerá estrictamente de los elementos que arroje el análisis de la comparecencia y de los informes adicionales sobre el manejo de recursos públicos turnados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).