Será la próxima semana cuando se dé a conocer el resolutivo oficial de la auditoría practicada al Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, informe que permitirá al Congreso del Estado de Puebla determinar si existen responsabilidades y definir el rumbo administrativo del municipio, adelantó Samuel Aguilar Pala, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

En conferencia de prensa este lunes 10 de agosto, el funcionario estatal confirmó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reanudó este lunes las actividades de revisión y el intercambio de información con la administración municipal, derivado de los acuerdos alcanzados la semana pasada con la presidencia del Poder Legislativo.

Aguilar Pala explicó que, una vez que la ASE concluya las revisiones financieras y operativas, el Congreso local contará con los elementos necesarios para dictaminar la situación jurídica y administrativa de la demarcación.

“Una vez que tengamos ese resultado de la auditoría, el Congreso trazará las respectivas responsabilidades, si las hubiese, y las informará tanto al pueblo de Acatlán como a quien corresponda para definir lo conducente”, puntualizó el titular de la Segob.

El procedimiento responde a la solicitud planteada por integrantes del Cabildo en contra de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, un conflicto político que cobró relevancia tras protestas y diferencias en torno al resguardo de documentos oficiales en el Archivo Municipal, donde un sector de regidores y ciudadanos denunció presuntas anomalías que las autoridades municipales atribuyeron a labores de capacitación.

Paralelamente al proceso técnico-financiero, el Gobierno del Estado mantiene mesas de mediación para destrabar las diferencias al interior del Cabildo.

El secretario de Gobernación destacó que ya se han sostenido reuniones entre los dos grupos en pugna, por lo que reiteró el llamado a la cordura y al diálogo continuo para preservar la gobernabilidad y garantizar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía.

Asimismo, Aguilar Pala exhortó a actores políticos y a la opinión pública a no adelantarse a los tiempos legales ni caer en especulaciones sobre supuestos nombramientos, sustituciones o negociaciones paralelas, insistiendo en que cualquier definición dependerá estrictamente del fallo definitivo que emita el Poder Legislativo en los próximos días.