“El Gobierno del Estado reconoce y felicita a Volkswagen de México y al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) por el avance alcanzado en la revisión salarial y contractual 2026 para las y los trabajadores de la planta ubicada en Puebla. Este resultado representa un paso positivo para preservar las fuentes laborales, mejorar el poder adquisitivo de las familias y mantener la competitividad de una industria estratégica para la entidad.”, así inició el comunicado que el gobierno de Puebla compartió el pasado jueves 27 de agosto, y con el que celebrabra con bombo y platillo el preacuerdo, no obstante menos de 24 horas después, la realidad golpeó con fuerza: la armadora alemana anunció la supresión indefinida de un turno de producción de los modelos Jetta y Tiguan.

Este revés exprés dejó abierta una pregunta incómoda para la administración estatal: ¿desconocía el ajuste que ya se gestaba, lo conocía y optó por guardar silencio, o simplemente celebró un pacto sin saber qué había negociado realmente?

La euforia oficial duró lo que tardó la empresa en emitir su propio comunicado el 28 de agosto. En su momento, el gobierno de Puebla calificó el preacuerdo como un paso fundamental para mantener la competitividad y la estabilidad económica, exhortando incluso a la base obrera a votar a favor en la consulta programada para el próximo 11 de septiembre. Sin embargo, la posterior confirmación del recorte de la armadora desmoronó el discurso optimista.

Por su parte, Volkswagen justificó la medida argumentando un entorno desafiante en los mercados de Norteamérica y a nivel global, decidiendo eliminar de manera indefinida uno de los tres turnos de producción —presuntamente el nocturno—. Aunque la compañía omitió dar cifras oficiales, estimaciones periodísticas calculan que el impacto afectará a entre 600 y 1,350 trabajadores de la planta de Cuautlancingo.

Ante el escenario de incertidumbre, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) fijó una postura firme, categórica e inamovible, rechazando tajantemente haber pactado, convalidado o consentido cualquier despido.

La representación sindical marcó distancia de la decisión empresarial y aseguró que buscará alternativas mediante el diálogo, justo en la antesala del proceso de votación donde la base sindical decidirá el rumbo del convenio contractual 2026-2028.

Mientras las cifras oficiales de los afectados siguen sin esclarecerse y el sindicato deslinda responsabilidades, el episodio deja al descubierto la fragilidad de los acuerdos celebrados desde el poder y exhibe la falta de coordinación, o de información oportuna, entre las autoridades estatales y la industria automotriz.