Luis Enrique Sánchez Fernández 

Cuando un presidente municipal enfrenta a la justicia puede tratarse de un problema personal. Cuando son varios los alcaldes detenidos, investigados o separados del cargo, y los ayuntamientos tienen que ser sustituidos por concejos municipales, la pregunta cambia: ¿el problema son solamente los alcaldes o comienza a mostrar fallas el sistema que los produce? 

Puebla tiene 217 municipios. Actualmente cinco son gobernados mediante concejos municipales designados por el Congreso del Estado: Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan. 

Y la lista podría crecer. 

Tianguismanalco enfrenta ahora la detención de su presidente municipal y en Acatlán de Osorio un grupo de regidores insiste ante el Congreso en solicitar la revocación del mandato de la alcaldesa, después de considerar agotadas las vías de diálogo. 

El dato resulta todavía más preocupante: en el actual periodo municipal ya han sido detenidos cinco presidentes municipales y existen investigaciones sobre otros alcaldes por presuntas irregularidades o posibles relaciones con grupos delictivos. 

No estamos, por tanto, ante un episodio aislado. 

El municipio, primer piso del poder 

El municipio es la autoridad más cercana al ciudadano. Ahí están la policía, los permisos, las licencias, los mercados, el comercio informal, el uso del suelo, la obra pública, los servicios y buena parte de la relación cotidiana entre gobierno y sociedad. 

También ahí circula dinero. 

Y donde coinciden poder político, presupuesto, contratos, policías y escasos controles institucionales existe inevitablemente un espacio de riesgo para la corrupción y para la penetración de intereses privados o criminales. 

Esta semana el gobernador Alejandro Armenta introdujo un elemento todavía más delicado. Afirmó que hasta 90 por ciento de los alcaldes separados de sus cargos asignaban obra pública a empresas propias o vinculadas con ellos y habló incluso de posibles “moches”. Se trata, desde luego, de señalamientos que deberán acreditarse individualmente ante las autoridades correspondientes. 

Pero políticamente la afirmación obliga a preguntar algo elemental: 

¿Cómo pudieron funcionar esos mecanismos sin que los controles municipales, administrativos, partidistas y de fiscalización los detectaran antes? 

¿Quién vigila a los presidentes municipales? 

Normalmente ponemos toda la atención en quien gana una elección. 

Poca atención prestamos a cómo gobierna después. 

Los partidos seleccionan candidatos, organizan campañas, construyen coaliciones y movilizan electores. Una vez conquistado el ayuntamiento, sin embargo, el presidente municipal adquiere un enorme margen de decisión. 

Y aquí aparece una responsabilidad que pocas veces se discute: la de los propios partidos políticos. 

¿Con qué criterios seleccionan a sus candidatos? 

¿Investigan antecedentes, patrimonio, relaciones empresariales, trayectoria pública y vínculos políticos? 

¿O simplemente postulan a quien garantiza votos, estructuras territoriales y posibilidades de triunfo? 

Si posteriormente algunos de esos candidatos terminan investigados o detenidos, el problema ya no pertenece exclusivamente al individuo. 

También alcanza al partido que lo postuló. 

Atlixco, otra señal 

La detención del secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Antonio Hernández Pacheco, acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho, agrega otro elemento a la discusión. 

No era un funcionario recién llegado. 

Había encabezado la seguridad municipal desde 2021 y fue ratificado para el periodo iniciado en 2024. Tras su detención quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. 

La responsabilidad penal, si existe, tendrá que determinarla un juez. 

Pero políticamente queda otra pregunta: 

¿Qué mecanismos existen para supervisar a quienes controlan las policías municipales? 

Porque una corporación policial no solamente administra patrullas y agentes. Maneja información, armas, operativos y conocimiento directo de las actividades legales e ilegales que ocurren dentro de un territorio. 

Por eso la debilidad municipal también puede convertirse en un problema de seguridad pública. 

¿Limpieza o crisis? 

El gobierno estatal sostiene que las investigaciones, detenciones y sustituciones de autoridades demuestran que no existe impunidad y que las instituciones están funcionando. Es una interpretación atendible: investigar a un funcionario público, independientemente de su partido o posición, es precisamente lo que debería ocurrir en un Estado de derecho. 

Pero existe otra lectura que no contradice necesariamente a la primera. 

Las instituciones pueden estar actuando y al mismo tiempo estar descubriendo la profundidad de un problema que llevaba años creciendo. 

Cinco concejos municipales no representan una crisis generalizada entre 217 ayuntamientos. Conviene mantener la proporción. 

Pero tampoco pueden considerarse una normalidad democrática. 

Y menos cuando alrededor aparecen alcaldes detenidos, otros investigados, funcionarios de seguridad procesados y nuevos conflictos municipales que llegan al Congreso. 

La discusión, entonces, no debería reducirse a celebrar detenciones ni a utilizarlas como munición partidista. 

Debería servir para revisar el municipio poblano. 

Sus controles. 

Sus policías. 

La asignación de obra pública. 

La fiscalización de sus recursos. 

La selección de candidatos. 

Y, sobre todo, la enorme concentración de poder que puede adquirir un presidente municipal frente a instituciones locales frecuentemente débiles. 

La justicia deberá determinar quiénes son culpables y quiénes no. 

La política tiene otra obligación: preguntarse por qué está ocurriendo. 

Porque cuando cae un alcalde puede haber fallado un hombre. 

Cuando caen varios, quizá ha llegado el momento de revisar también el sistema que los llevó al poder y que debía vigilarlos mientras lo ejercían. 

Es cuanto.