El Consejo de Estado de Cuba aprobó el Decreto-Ley 133, que autoriza por primera vez la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, ampliando el marco establecido en 2021 para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La nueva normativa, publicada este miércoles 2 de septiembre en la Gaceta Oficial, entrará en vigor siete días después de su publicación y forma parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales aprobado por el Gobierno cubano en junio.

Las nuevas compañías podrán constituirse como Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), cuando tengan varios propietarios, o Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (S.U.R.L.), cuando exista un solo dueño. Podrán establecer sucursales en otras provincias, fijar precios y determinar los salarios de sus trabajadores dentro de los límites establecidos por el Estado.

La legislación también permite a estas empresas importar y exportar directamente, aunque para ello deberán contar con autorización del Ministerio de Comercio Exterior (Mincex), y abre la posibilidad de asociarse con capital extranjero.

Los propietarios podrán ser cubanos residentes en la isla o en el exterior, así como extranjeros residentes en Cuba. Quedan excluidos funcionarios y dirigentes del Estado y el Gobierno, además de personas con determinadas deudas o condenas incompatibles con la actividad empresarial.

El decreto establece además que las empresas deberán operar mediante cuentas bancarias corrientes y realizar sus operaciones comerciales en pesos cubanos, salvo en las actividades para las que la legislación autorice el uso de divisas. Antes de su aprobación, los socios deberán depositar el capital inicial y demostrar el origen lícito de los fondos.

Las nuevas disposiciones también amplían las posibilidades de las cooperativas, que podrán operar en otras zonas del país y realizar operaciones de comercio exterior con autorización oficial.

Para los trabajadores por cuenta propia se mantienen mayores restricciones: la colaboración estará limitada principalmente al ámbito familiar, aunque podrán permanecer hasta tres meses al año en el extranjero sin perder su licencia. En caso de contratar trabajadores, deberán bancarizar el pago de salarios.

En el ámbito educativo, una nueva resolución del Ministerio de Educación autoriza las Casas de Cuidado Infantil privadas y las clases particulares de idiomas. Los cuidadores deberán recibir capacitación, mientras que los profesores de idiomas tendrán que acreditar al menos un nivel B1.

También se permitirá que docentes del sistema público impartan clases particulares fuera de su horario laboral. Estas actividades no podrán emitir títulos oficiales ni utilizar instalaciones o materiales del Estado, y deberán incluir una labor social destinada a apoyar gratuitamente a niños en situación de vulnerabilidad.

El sector inmobiliario también experimentará cambios. Los propietarios podrán alquilar inmuebles a las nuevas empresas privadas y cooperativas, pero deberán mantener durante cinco años un registro de las personas que se alojen en las propiedades. En el caso de extranjeros o cubanos residentes en el exterior, los datos deberán ser comunicados al Ministerio del Interior.

Las medidas forman parte del intento del Gobierno cubano por liberalizar y descentralizar parcialmente la economía, otorgando mayor autonomía a empresas y actores privados y ampliando su participación en sectores como la agricultura, el comercio exterior, los servicios y las finanzas.

Con información de EFE