En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, México se colocó como la nación peor evaluada, en materia de corrupción, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); del grupo de los 20 países más industrializados, el G-20; y la Alianza del Pacífico.

En dicha edición del ranking global, México empeoró por un punto respecto del año pasado, pasando de 30 a 29 puntos, en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado y 100 es el mejor evaluado, en el.

En el índice divulgado por Transparencia Internacional (TI) y Transparencia Mexicana (TM), el territorio nacional se ubicó en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay.

Transparencia Mexicana indicó que los resultados de este índice reflejan también la ausencia de sanciones firmes para los grandes casos de corrupción conocidos por la opinión pública. Asimismo, según el análisis, estos resultados ponen de manifiesto, una vez más, que la transparencia, por sí sola, no necesariamente lleva a una reducción de la corrupción.

Hay que recordar que en el Índice de Transparencia Presupuestaria 2017, publicado por la Open Budget Partnership, México se posicionó en el sexto lugar de 102 países, colocándose como el mejor país del continente americano, incluso por encima de Canadá y Estados Unidos.

Pese a lo anterior, sin acciones sistemáticas para desmantelar las redes de corrupción, será difícil que México mejore en las evaluaciones internacionales sobre corrupción e impunidad, acotó la investigación.

Debe tomarse como ejemplo, los casos de países como Chile o Uruguay, posicionados a más de cien lugares de distancia de México en el ranking, lo comprueban. Ambos fueron los únicos países de América Latina con calificación mayor a 60, lo cual puede deberse a la presencia de Fiscalías Independientes, con capacidades reales de investigación y persecución del delito.