Más de 35 mil personas refugiadas de diferentes nacionalidades se han incorporado a la economía formal mexicana desde 2016, según informó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

En un comunicado la agencia señala que desde la creación en 2016 del Programa de Integración Local (PIL) por parte de ACNUR y hasta octubre de 2023, “más de 35 mil personas refugiadas de diversas nacionalidades” se han incorporado “a la economía formal”, lo que les ha permitido “tener mayor acceso a servicios educativos y de salud e iniciar procesos de naturalización”.

El organismo también felicitó a México por haber “respondido con la instrumentalización” del programa y aprovechar “la dinámica demográfica y particularidades de la economía nacional”, como el ‘nearshoring‘ o ubicación de la producción empresarial en países cercanos.

El PIL se dedica a “reubicar y acompañar personas refugiadas” desde el sur de México, principal puerta de entrada para quienes buscan asilo, hasta ciudades del centro y del norte del país, “con mayor capacidad para responder” a sus necesidades y reducir la presión sobre urbes como Tapachula, Palenque o Tenosique, cercanas a la frontera con Guatemala.

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Los refugiados que se acogen a este programa pueden acceder a alojamiento temporal, orientación cultural, formación profesional, matriculación en escuelas y colocación laboral en las más de 600 empresas que participan.

Anualmente, la población refugiada que trabaja en la economía formal aporta 187 millones de pesos en impuestos y contribuciones estatales.

Se espera que el próximo año, la población refugiada generará aportaciones económicas que excederán el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para 2024.

Finalmente, y dada la “experiencia positiva” que, según ACNUR han tenido las empresas participantes en el PIL, se anunció la creación de la Alianza por la Inclusión con el objetivo de “fomentar la inclusión de personas refugiadas y solicitantes de asilo” en los sistemas productivos mexicanos.