Este lunes desde las primeras horas de la mañana Acatlán de Osorio ha estado envuelta en una jornada marcada por la tensión, reclamos ciudadanos y conatos de bronca, que han llevado al Cabildo de Acatlán de Osorio a remover de sus cargos al secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Alberto Domínguez, y al secretario General del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez.

La medida se tomó mientras un grupo de habitantes mantenía una protesta e hizo una toma simbólica del Palacio Municipal para exigir la salida de la alcaldesa, Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien acusan de presuntos actos de corrupción, nepotismo y manejo irregular de recursos públicos.

La movilización comenzó por la mañana, integrada inicialmente de manera pacífica por mujeres y personas adultas mayores. Sin embargo, los ánimos se encendieron cuando elementos de la Policía Municipal, equipados con escudos antimotines y armas de cargo, desplegaron un operativo frente a la alcaldía.

El ambiente escaló a empujones y discusiones verbales. Testigos en el lugar denunciaron que una de las manifestantes, identificada como Marlén Paz Rodríguez, fue retenida temporalmente por instrucciones del ahora excomisario de Seguridad, Juan Alberto Domínguez, hecho que enfureció a los inconformes y aceleró la decisión del cuerpo edilicio para removerlo.

Ante la crisis de gobernabilidad, Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, anunció que la administración estatal ya interviene como conciliadora e incluso aseguró que existe una mesa de diálogo activa y advirtió que no se tolerarán complicidades si las investigaciones arrojan delitos graves.

“Exhortamos a las autoridades a que dialoguen (…). Si hay temas que tengan que ver con problemas de seguridad, de encubrimiento y de complicidad, también deberán brotar y actuaremos conforme a la ley”, sentenció el funcionario estatal.

Pero en cuanto a la destitución de la alcaldesa, Aguilar Pala aclaró que no es un proceso automático ni inmediato, a pesar de que la mayoría de los regidores ya presentó formalmente la solicitud de revocación de mandato ante el Congreso del Estado desde la semana pasada.

“No es tan fácil decir: nos ponemos de acuerdo la mayoría de regidores y excluimos o damos de baja a la presidenta o presidente municipal. Tampoco al revés. La Ley Orgánica Municipal establece los procedimientos para no vulnerar derechos”, explicó.

El titular de la Segob reveló que el fenómeno de inestabilidad política no es exclusivo de Acatlán de Osorio. Informó que el municipio de Zapotitlán de Méndez enfrenta una situación similar, ya que la semana pasada ingresó al Congreso una solicitud formal para destituir al edil Salvador Tino Martínez, acusado por los regidores de presunto desvío de presupuesto y actos de violencia laboral.