El juez federal Mario Elizondo Martínez dictó prisión preventiva oficiosa al ex gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada, relacionados con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el juez rechazó la solicitud de la defensa para que Aguirre enfrentara el proceso bajo reclusión domiciliaria, al considerar que existe riesgo de evasión. El ex mandatario permanecerá en el penal de máxima seguridad del Altiplano y, de ser encontrado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

La FGR sostiene que Aguirre habría ordenado ocultar y destruir evidencias sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado y posteriormente desaparecido en Iguala, Guerrero.

Como parte de la acusación, el Ministerio Público presentó los testimonios de Blanca N, ex visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina N, ex presidenta del Poder Judicial estatal.

De acuerdo con sus declaraciones, el 29 de septiembre de 2014 recibieron un disco que contenía videos en los que se observa a policías de Iguala y civiles obligando a estudiantes a descender del autobús 1531. El material habría sido entregado posteriormente a Aguirre, quien presuntamente lo remitió al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco.

Según las testigos, un día después el gobernador reunió a colaboradores cercanos y ordenó destruir las evidencias relacionadas con los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre.

Durante la audiencia, Aguirre, quien se presentó en silla de ruedas y afirmó haber sufrido complicaciones de hipertensión tras su detención, negó haber participado en los hechos. Señaló que siempre colaboró con las investigaciones y afirmó tener “la conciencia tranquila y en paz”.

La defensa argumentó que, debido a su edad y estado de salud, el ex gobernador debía permanecer bajo arraigo domiciliario, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para obtener ese beneficio.

Al término de la audiencia, la FGR afirmó que cuenta con elementos que acreditan la presunta participación de Aguirre y de otros funcionarios estatales de alto nivel en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes.