La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez federal la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, y otros siete coimputados, quienes son investigados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

La resolución judicial se dio a conocer luego de una audiencia inicial que se prolongó por más de 24 horas. Durante la comparecencia, agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentaron cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación contra el exmandatario y los otros siete implicados.

Tras diversos recesos y el debate entre la defensa legal y la representación social, el juzgador determinó imponer medidas cautelares diferenciadas atendiendo a las condiciones particulares de los imputados:

Prisión preventiva justificada: Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Prisión preventiva en reclusión femenil: Adriana “N” permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

Prisión domiciliaria: José María “N” y Guillermo “N” cumplirán la medida cautelar en sus respectivos domicilios debido a motivos de salud documentados ante la autoridad.

Al concluir la audiencia, las defensas de los ocho señalados solicitaron la duplicidad del término constitucional (144 horas) para recabar pruebas a su favor.

Será en los próximos días cuando el juez de la causa reanude la sesión y determine si existen elementos suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso. Mientras tanto, las medidas cautelares de prisión preventiva y confinamiento domiciliario permanecerán vigentes.

Red de “huachicol fiscal”

De acuerdo con la FGR, las capturas son resultado de un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, derivado de una investigación considerada de alta complejidad.

Las autoridades indagan una presunta red dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de productos derivados del petróleo.

El modus operandi de la organización consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras. Según explicó la Fiscalía, los presuntos responsables reportaban cantidades de hidrocarburos menores a las reales o clasificaban la carga como otros productos no regulados para evadir el pago de impuestos, una práctica conocida como “huachicol fiscal”.

Esta mecánica delictiva no solo representa una severa afectación económica para las finanzas del Estado mexicano, sino que, de acuerdo con la institución, constituía una fuente de financiamiento directo para organizaciones criminales.