La diputada Guadalupe Muciño Muñoz presentó una Iniciativa para adicionar un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objetivo de que la fiscalía tenga la facultad de celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas para garantizar a imputados, víctimas, denunciantes y testigos con discapacidad auditiva o del habla, el acceso a los servicios estatales a través de intérpretes de bngua de Señas Mexicana.

La Legisladora consideró que esta Iniciativa reducirá considerablemente la desigualdad para las personas con discapacidad auditiva, les dará la seguridad de que, si les pasa algo sus agresores, serán castigados con todo el peso de la Ley con el simple hecho de ir a denunciar y sean comprendidos en su mismo lenguaje.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación correspondiente.

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En otro punto del orden del día, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presentó una Iniciativa para la creación de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como, para la derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal.

La legisladora precisó que se pretende coadyuvar en la conclusión satisfactoria de una administración o de un cargo y a la continuidad en el servicio público y la gestión gubernamental de los asuntos, programas, proyectos, acciones y compromisos, así como fomentar el cumplimiento de las funciones que tienen la Administración Pública Estatal.

También, desarrollar las bases y principios generales mediante los cuales deberán realizarse los procesos de entrega-recepción, de manera ordenada, eficiente, transparente y confiable, oportuna y homogénea, y también determinar las faltas administrativas en las que incurran, quienes no cumplan con el acto de entrega–recepción, entre otros.

La Iniciativa fue turnada a la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado para su estudio y dictaminación correspondiente.