• Nueve meses investigándolo y tuvo que llegar Harfuch

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

El problema no es solamente que hayan detenido a un presidente municipal de Puebla. El problema es quién tuvo que encabezar el golpe, cuánto tiempo llevaba el alcalde bajo investigación y qué ocurrió mientras tanto.

Isaac Rodríguez Ochoa no gobernaba un municipio cualquiera desde la clandestinidad. Era el presidente municipal de Esperanza. Tenía despacho, Cabildo, presupuesto, policía municipal y una administración pública bajo su responsabilidad.

Y ahora está detenido.

El Gobierno federal informó que el alcalde fue capturado junto con otras ocho personas durante el Operativo Enjambre, después de ejecutar 23 cateos. Las autoridades los relacionan presuntamente con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto sobre la carretera Puebla-Veracruz.

Hasta aquí, una operación importante contra la delincuencia.

El problema para Puebla comienza con una pregunta mucho más sencilla:

¿Dónde estaba el Estado?

Porque hay un dato todavía más incómodo: de acuerdo con información atribuida a las propias autoridades estatales, Isaac Rodríguez era investigado desde el 14 de diciembre de 2025.

Diciembre.

Pasaron enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto.

Y llegó septiembre.

El presidente municipal siguió siendo presidente municipal.

Hasta que llegó el Operativo Enjambre.

No estamos hablando, además, de la investigación de un alcalde acusado de firmar una factura irregular o adjudicar indebidamente una obra. Las autoridades federales reportaron el aseguramiento de 35 armas de fuego, dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos, cuatro de ellos blindados, ropa táctica, un dron y hasta un inhibidor de señal.

Entonces la pregunta adquiere otra dimensión:

¿Cómo puede crecer una presunta estructura criminal de semejante capacidad alrededor de un gobierno municipal sin que los mecanismos estatales de inteligencia, fiscalización, seguridad y control político logren neutralizarla oportunamente?

No hace falta afirmar que el Gobierno de Puebla protegió a nadie. No hay evidencia pública que permita sostenerlo.

La acusación políticamente más seria es otra: si sabía, ¿por qué no pudo?

Y si no podía, entonces tenemos un problema institucional quizá más grave.

Porque gobernar la seguridad no consiste en aparecer después del cateo para celebrar la coordinación.

Consiste en impedir que los gobiernos municipales se conviertan en posibles espacios de protección, operación o captura de organizaciones criminales.

Esta vez la Federación hizo el trabajo.

La pregunta que queda para Puebla es mucho más incómoda:

¿cuántos Esperanza más hay esperando a que llegue Harfuch?

Sobre el autor

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), doctor en Administración y especialista en administración pública, gobernanza, análisis político e inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones.

Con más de dos décadas de experiencia en educación superior, combina la investigación académica con el análisis de los asuntos públicos y la consultoría. Su trabajo se concentra en examinar críticamente el funcionamiento de las instituciones, las decisiones gubernamentales y los problemas de gestión pública, incorporando herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos.

Escribe sobre política, gobierno, administración pública, tecnología y los temas que marcan la agenda de Puebla y México, desde una perspectiva crítica e independiente.

Síguelo en X (Twitter): @luisenriquesan, donde publica análisis, comentarios y seguimiento de la actualidad política y gubernamental.