^{Tratar a los periodistas como
delincuentes es un mal negocio
para cualquier gobierno, sobre
todo para uno que se dice
democrático.
Humberto Musacchio}

El ejercicio del periodismo en México hoy no es únicamente una profesión: es una actividad de alto riesgo y, en muchos casos, de supervivencia cotidiana. No se trata de una afirmación retórica ni de una exageración gremial, sino de una realidad documentada, persistente y normalizada.

México se ha convertido, desde hace años, en uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico fuera de escenarios formales de guerra. Asesinatos, amenazas, desapariciones, desplazamientos forzados y agresiones forman parte del paisaje cotidiano, especialmente para quienes cubren corrupción, crimen organizado, seguridad pública y política local. La constante es la impunidad: los crímenes contra periodistas rara vez se esclarecen y casi nunca se castigan.

Este entorno de violencia tiene un efecto directo y silencioso: la autocensura. No siempre se mata al periodista; basta con sembrar el miedo. Muchas historias no se publican, muchos nombres no se mencionan y muchos temas se esquivan. No por falta de ética o valentía, sino porque el riesgo es real y las condiciones de protección son endebles. Los mecanismos institucionales existen en el papel, pero en la práctica suelen ser tardíos, burocráticos o ineficaces.

A este escenario se suma una segunda capa igual de corrosiva: la precarización laboral. El periodismo mexicano se ejerce, en buena medida, sin contratos estables, con sueldos bajos, pagos por pieza publicada y jornadas extendidas. En los estados y municipios —donde el riesgo es mayor— las redacciones son pequeñas, mal financiadas y obligadas a cubrir múltiples fuentes con recursos mínimos.

La dependencia de la publicidad oficial sigue siendo un factor determinante. No como apoyo al periodismo, sino como mecanismo de control indirecto. Premiar o castigar líneas editoriales mediante convenios publicitarios ha sido una práctica recurrente, independientemente del signo político del gobierno en turno. La consecuencia es clara: medios vulnerables, periodistas presionados y una frontera difusa entre información y propaganda.

Organizaciones como Artículo 19 han documentado durante años este doble asedio: violencia física por un lado y asfixia económica por el otro. En ese cruce de caminos se ejerce hoy el periodismo mexicano, especialmente el periodismo local, el menos visible y, paradójicamente, el más indispensable para la vida democrática.

Porque es en lo local donde se decide buena parte del poder real: presupuestos, obras, concesiones, policías, jueces, cacicazgos. Y es ahí donde informar cuesta más caro.

En este contexto, ejercer el periodismo no es solo narrar hechos: es resistir, sostener la palabra pública frente al miedo y la precariedad. No desde una épica ingenua, sino desde la conciencia de que sin condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral, la libertad de expresión se convierte en una consigna vacía.

El periodismo en México se ejerce hoy entre el riesgo y la precariedad. Reconocerlo no es derrotismo; es el primer paso para exigir que informar no sea, literalmente, una actividad de alto riesgo.

Es cuanto.