Aunque Puebla es el quinto estado en el país con institucionalidad en los programas estatales para combatir la pobreza, solo ocho de los 103 que existen cumplen con las características de institucionalidad que permiten conocer sus resultados.

Lo anterior de acuerdo al estudio “Derechos humanos y pobreza, políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1 constitucional”, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el cual proporciona un balance general de las fallas en las políticas públicas que se han desarrollado en todas las entidades del país.

El estudio también advierte que solo en 10 de los 103 programas para combatir la pobreza hay información sobre el presupuesto que se ejerció, que asciende a 462 millones 270 mil 187 pesos y abarcan proyectos de vivienda rural, producción forestal, peso a peso, uso de leña, campo poblano y techos.

Además, únicamente 68 programas para combatir la pobreza contaban con algún tipo de documento normativo que brindara lineamientos sobre su aplicación.

Sin embargo, la situación no es exclusiva de Puebla, ya que a nivel nacional, de los 2 mil 528 programas, apenas 126 cumplen con el mínimo de institucionalidad, lo que representa el 5 por ciento.

En su estudio, el estado se ubica por debajo de Jalisco con 52.2 por ciento de “funcionalidad mínima” de sus 69 programas y Ciudad de México, con el 28.8 por ciento de 104.

Luego a aparecen Campeche, donde el 11.7 por ciento de los 103 programas funcionan –aunque mínimamente– así como Aguascalientes con 9.4 por ciento de 64.

En contraparte están Michoacán, Morelos, Colima, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Nuevo León, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Veracruz y Tamaulipas, quienes no lograron reunir ni el mínimo de institucionalidad con el que se justificara la distribución de los recursos.

Por lo anterior, la CNDH recomendó adoptar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza, mejorar la calidad de provisión de servicios y adoptar un tablero de indicadores con enfoque de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Desca.