Este viernes 11 de mayo, Enrique Peña Nieto, presidente de México, ordenó la publicación de la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación (DOF), acción con la cual entra en vigor la ley mejor conocida como #LeyChayote.
Su promulgación se da en medio de críticas y llamados de medios de comunicación independientes y organismos internacionales, los cuales advirtieron que la aprobación de la ley –tal y como fue presentada- la convertía en un instrumento de censura y que además pone en peligro la existencia de medios independientes.
Sin ceremonia oficial de por medio, en el documento presentado este día se advierte que desde el pasado 8 de mayo el presidente Enrique Peña Nieto expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, el polémico decreto.
De acuerdo con el comunicado, la citada ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos”.
Sin embargo, expertos coincidieron que su aprobación únicamente legaliza la relación económica entre medios de comunicación y Gobierno.
Ahora la Segob será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.
Es decir, que la Segob seguirá manteniendo el control de los medios de comunicación, quien determinará los montos y con quién se contrata publicidad y en qué condiciones.
Al mismo tiempo podrá hacer uso de la discrecionalidad al momento de escoger un medio de comunicación para que realice publicidad, es decir “chayotear” y premiar a quien hable bien del gobierno a través de contratos, mientras que a quienes mantengan una postura más crítica podría incluso no darles publicidad gubernamental o recibir menos.
Cabe recordar que en la presente administración, el gobierno de Peña Nieto, ha gastado alrededor de 60 mil millones de pesos en publicidad gubernamental, spots en los cuales sólo se ha difundido la figura del señor presidente.
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