La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que cada año son secuestradas 22 mil personas migrantes en México, lo que estaría generando al crimen organizado ganancias anuales de 50 millones de dólares.

Lo anterior fue señalado en el documento “Criminalización de mujeres migrantes. Análisis de seis casos en la frontera sur” del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En dicho reporte se indicó que no existen datos precisos que den cuenta del número de migrantes secuestradas. Sin embargo, la CNDH reportó que 15.7 por ciento de los casos estudiados en 2011 correspondían a este sector de la población.

La investigación fue hecha entre marzo de 2016 y agosto de 2017, se realizaron siete visitas a Tapachula, Chiapas, en marzo, abril, agosto y noviembre de 2016, y febrero, julio y agosto de 2017.

Violencia en el tránsito migratorio

El análisis del Centro Prodh indicó que la experiencia migratoria de las centroamericanas no puede abordarse sin hacer referencia a la violencia que sufren en su tránsito migratorio. La condición de género y pertenencia étnica son condicionantes de los riesgos, en el lugar de tránsito se enfrentan a la cosificación del cuerpo femenino.

Al hablar de la trata con fines de explotación sexual, esta es un elemento promotor de la migración forzada, pues miles de niñas y mujeres son expulsadas de sus entornos familiares y culturales para que personas de otros estratos sociales puedan beneficiarse sexualmente de esta condición.

Mujeres migrantes criminalizadas

El Centro Prodh observó que los delitos imputados a las centroamericanas encarceladas reflejaban una distinción, ya que la mayoría había sido procesada por delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales.

En 2015, cuando comenzó la documentación para la investigación del Centro Prodh, había 96 mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social número 4 femenil de Tapachula; de ellas 23 estaban acusadas del delito de trata, es decir 24 por ciento. De ese porcentaje 70 por ciento de las mujeres inculpadas por dicho crimen venían de Centroamérica: 50 por ciento de Honduras, 17 por ciento del Salvador y 5 por ciento eran originarias de Guatemala.

Cabe mencionar que uno de los elementos que favorecen la criminalización de las migrantes es la violación frecuente de los derechos humanos, en particular los relacionados con los derechos penales.

En tanto, muchas personas siguen siendo procesadas con pruebas no idóneas o fabricadas, sin que se pueda acreditar la responsabilidad del acusado y en ocasiones ni siquiera la existencia del delito.