La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla emitió un comunicado oficial para fijar su postura ante la reciente difusión de videos en redes sociales que muestran la detención de una mujer en el municipio de San Andrés Cholula. El hecho, que ha causado indignación digital, involucró el uso de la fuerza frente a menores de edad y la posterior filtración de imágenes de la ciudadana.

Los hechos se originaron en las inmediaciones del Parque Intermunicipal, donde elementos de la policía municipal detuvieron a una madre de familia que viajaba con sus hijos, presuntamente por invadir una zona peatonal y conducir en estado de ebriedad. Sin embargo, la violencia del arresto y la posterior difusión de videos de su comportamiento dentro de la patrulla y en el juzgado calificador desataron la intervención del gobierno estatal.

Ante esta situación, la Segob estatal hizo un enérgico llamado a las autoridades de San Andrés Cholula, encabezadas por la alcaldesa Lupita Cuautle Torres, así como al resto de los ayuntamientos de la entidad, para que verifiquen y actualicen de manera inmediata los protocolos de actuación de sus fuerzas de seguridad.

“Entendemos que había una posible situación de riesgo, sin embargo, ninguna actuación policial debe estar por encima de la integridad de cualquier ciudadano, en especial de los menores de edad”, manifestó la dependencia estatal.

Compromiso con los Derechos Humanos

La Secretaría de Gobernación enfatizó que la intervención de la policía debe priorizar siempre la protección de la vida y el respeto a las garantías individuales, poniendo especial atención en el cuidado de niñas, niños y adolescentes que puedan verse involucrados en estos contextos.

También le exhorta a revisar los manuales de procedimientos para evitar que se repitan presuntos abusos de autoridad y señaló la importancia de cuidar el manejo de la información y las imágenes de los detenidos durante su traslado y presentación legal.

La Segob aseguró que se mantendrá al pendiente del desarrollo de las acciones legales que emprendan las instancias correspondientes para garantizar que la ley se aplique de manera correcta y justa.

Finalmente, el gobierno estatal reiteró su compromiso de coordinarse con los tres órdenes de gobierno, bajo la premisa de que el orden vial y la seguridad pública jamás deben construirse a costa de la dignidad humana.