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6 junio, 2018

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Exigen cese de delegados de Semarnat y Profepa en Puebla

Defensores de agua, la tierra, y los derechos humanos, exigieron la destitución de Daniela Migoya Mastretta, delegada de la Semarnat y Mario Barrera Bojorges de la Profepa, por su falta de resultados para atacar la crisis mediambiental que se vive en Puebla.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, miembros de 22 organizaciones también se pronunciaron por los dos activistas asesinados durante mayo: Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tilihuit, quienes destacaron en sus comunidades por sus actos y gestiones para detener los proyectos de muerte que se gestan en la Sierra Norte.

Por ello, el próximo domingo 10 de junio los colectivos se unirán en una marcha que comenzará en la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de sus compañeros.

De acuerdo con el IV Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México, elaborado por el Centro de Derecho Ambiental (Cemda), Puebla se ubica en el tercer lugar nacional en persecución y asesinato de defensores, solo por debajo de Oaxaca y el Estado de México.

Su marcha que culminará en el zócalo de la ciudad, desde donde presentarán su Manifiesto y Agenda Ambiental, la cual ha sido ignorada por los representantes de las dependencias que deberían velar por los intereses ambientales del estado.

Finalmente continuarán con su demanda de cancelar todos las concesiones y permisos con los proyectos de muerte (hidroeléctricas y minas), los cuales violan sistemáticamente no sólo la ley ambiental sino también a las comunidades indígenas que en reiteradas ocasiones han votado en contra de esos proyectos, consientes del desastre ecológico que representan

En ese tenor va otra de sus demandas: desaparecer la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) pues desde una postura oficial “simula”, a través de consultas fraudulentas, el “si” de los pueblos originarios cuando su voluntad es la contraria.

Por último, exigirán al nuevo gobierno del Estado, la inmediata creación de la Secretaria de Sustentabilidad y Medio Ambiente y Cambio Climático, y una nueva Ley General que reconozca la propiedad intelectual-individual y colectiva de los pueblos y comunidades indígenas.

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