La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado las riendas de la investigación por la violenta explosión de un vehículo ocurrida el sábado al mediodía frente a la base de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán. El ataque dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 heridas de gravedad.

La delegación estatal de la FGR confirmó la apertura de la carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada. El caso ha sido asignado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En la escena de la explosión, ubicada en la calle Ignacio López Rayón, la AIC desplegó un equipo multidisciplinario compuesto por 11 policías federales ministeriales y 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Los especialistas están enfocados en determinar el tipo de explosivos utilizados y recolectar indicios, cubriendo áreas como criminalística de campo, balística, explosivos, ingeniería, genética y telecomunicaciones.

La FGR ha detectado que células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han intentado ingresar a Coahuayana para controlar las rutas de cocaína en el litoral del Pacífico.

Las investigaciones federales señalan que el control de estas rutas lo mantiene actualmente el Cártel de Tepalcatepec, una organización criminal que, según informes, recibiría supuesta protección de la policía comunitaria atacada.

La Policía Comunitaria opera bajo el mando de Héctor Zepeda Navarrete, “El Comandante Teto”, un exintegrante de los grupos de autodefensa que surgieron en 2014, y de acuerdo con fuentes del gobierno de Michoacán, esta corporación no está reconocida oficialmente ni ha cumplido con los exámenes y procedimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Coahuayana, un municipio costero cuya economía se basa en la pesca y la producción de plátano y papaya, es administrado por el alcalde perredista Andrés Aguilar Mendoza, conocido como “Pay”.