La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles Berlanga, extitular de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), un posible daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra”.

En la audiencia de imputación, la FGR señaló a Robles Berlanga como responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en calidad de autora directa, con las agravantes de que el delito se cometió con “dolo, de manera reiterada y con evidente omisión”.

El daño al erario se registró a través de 27 convenios generales que firmaron Sedesol y Sedatu con universidades públicas y sistemas de televisión estatales, a pesar de que estos no tenían las condiciones para prestar los servicios contratados y sin que se acreditara en algunos casos el cumplimiento de lo contratado.

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Teresa Maldonado, fiscal, afirmó que Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar.

De acuerdo con la fiscal la denuncia tuvo que hacerla ante su superior jerárquico, es decir, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu.

Fue omisa

La imputación también señala que la omisión persistió a pesar de que en junio de 2014 Juan Manuel Portal, entonces auditor Superior de la Federación, le advirtió de los presuntos desvíos y convenios irregulares que habían firmado sus subordinados sin que actuara de alguna forma para impedirlo.

Además, la FGR dio cuenta de al menos una decena de oficios presentados por exfuncionarios de Sedesol y Sedatu para advertir del esquema ideado por servidores públicos para la subcontratación de servicios que no eran requeridos y que tampoco se prestaban, puesto que no existen documentos comprobatorios, es decir, que carecen de entregables.

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“La conducta ilícita se hizo con pleno conocimiento, repito, con pleno conocimiento de la hoy imputada, provocando que se diera una afectación al erario al no actuar contra los terceros que de manera reiterada cometían las irregularidades, por lo que es responsable del delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, de forma continuada, con dolo y en calidad de autora directa”.

La audiencia presidida por el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, entró en receso para que la FGR aclare diversas peticiones de la defensa.