Redacción PH

La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) acusó, una vez más, a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla (JCIAP), encabezada por José Daniel Vázquez Millán, de intentar remover a su patronato.

En un comunicado publicado este lunes, la fundación señala que el pasado 4 de marzo, “de forma abusiva e irregular” el patronato aprobó iniciar un procedimiento administrativo para deponer a quienes están a cargo de la Fundación, acción para la cual no están facultados.

Recuerdan que a través de diversos fallos a su favor del Poder Judicial de la Federación, se logró resguardar su patrimonio de diversos “intentos ilícitos” de apropiación emprendidos por Guillermo Jenkins de Landa, “a quien se le separó del patronato por haber cometido diversas anomalías en el manejo de los recursos de la FMSJ”.

Sin embargo ahora que Vázquez Millán intenta declarar nulidades de actos jurídicos firmes, y con ello intervenir en el patrimonio, gobierno y domicilio de la Fundación Mary Street Jenkins, lo que constituye un atropello contra el Estado de Derecho.

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Acusan que la insistencia de Vázquez Millán es porque “está coludido con Guillermo Jenkins de Landa para tratar de imponer arbitrariamente y sin derecho a un nuevo patronato espurio en Puebla en el que participan: Óscar Alejandro Franco Salazar, Antonio José Francisco Caballero y Fernández, Alejandro Sepúlveda Ortega y Pablo Jenkins Gavito”.

Por ello la FMSJ advirtió que iniciarán un litigio para evitar la destitución de los integrantes del Patronato y también llamaron al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a hacer respetar la legalidad.

“La Fundación Mary Street Jenkins, encabezada por su auténtico y original patronato, está en la mejor disposición de establecer un diálogo respetuoso con el Gobierno del Estado para exhibir los abusos e irregularidades de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en la entidad”.

Finalmente, la fundación recalcó que el patronato legalmente constituido es el que preside Juan Carlos Jenkins de Landa, con domicilio en el Estado de Jalisco, desde donde trabajan y se defienden de las “diversas persecuciones políticas” de las que ha sido objeto en los últimos 10 años.