Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México por el “Rápido y Furioso”, por lavado de dinero por la privatización de penales y por encubrir al segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, expresidente a la presidencia de México.

Afirmó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la conferencia de prensa matutina de Claudia Sheinbaum Pardo, al referirse al caso de quien ahora es el ex funcionario mexicano de mayor nivel sentenciado en Estados Unidos.

Sobre el ex secretario que está purgando una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, señalaron que aun tiene órdenes de aprehensión pendientes en México.

A García Luna la Fiscalía General de la República (FGR) lo ha señalado por el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso ilegal de más de 2 mil armas provenientes de Estados Unidos, las cuales quedaron en manos del crimen organizado, mismas que sirvieron para que expandieran sus operaciones por todo el país.

El segundo proceso pendiente en su contra es el del segundo tirador del asesinato Colosio ocurrido en marzo de 1994, y del que, este 2024, la FGR lo señala por haber participado en el rescate y encubrimiento de Antonio Sánchez Ortega, agente del Cisen y que ha sido identificado como otro de los participantes en la ejecución del excandidato del PRI.

También debe responder por el “uso indebido de atribuciones y facultades”, en referencia a la construcción de 12 penales federales bajo el esquema de participación de empresas privadas, las cuales recibieron recursos del presupuesto destinado a la seguridad.

De acuerdo con Pablo Gómez, García Luna operó una red de empresas constituida por Mauricio Weinberg López y Alexis Weinberg Pinto, quienes recibieron 30 contratos por 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 26 mil 666 pesos.

Los recursos transferidos de 2009 a 2018 a las empresas constituidas por los Weinberg, tuvieron como origen la Policía Federal, el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social ( OADPRS).

Además, se tiene registro que la Policía General de Justicia de la Ciudad de México pagó a la empresa GLAC, propiedad de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, 26 millones 666 mil 666 pesos.

Por ese entramado de lavado de dinero la Fiscalía Especial de Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la Fiscalía General de la República integró una carpeta de investigación contra Genaro García Luna y sus socios relacionada con la contratación de OADPRS contra 61 imputados.

De estas indagatorias se obtuvieron 61 órdenes de aprehensión, de las cuales 12 ya se cumplimentaron y 36 están vigentes; se detuvo a ocho personas y hay ocho vinculaciones a proceso.