Durante el ejercicio fiscal de 2016, el gasto burocrático de Puebla presentó una variación entre el monto aprobado y el ejercido, la diferencia fue del 17 por ciento, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Según datos de las cuentas públicas de los poderes ejecutivos estatales correspondientes al ejercicio fiscal 2016, 28 de las 31 entidades federativas con información disponible ejercieron en conjunto 84 mil 982 millones de pesos (17 por ciento) adicionales a lo originalmente presupuestado (499 mil 984 millones de pesos) por concepto de gasto administrativo.

El gasto burocrático es la suma del gasto en servicios personales; materiales y suministros; y servicios generales.

A pesar de la existencia de programas de austeridad en la mayoría de las entidades; es decir, pese a la obligación de ajustar a la baja el gasto burocrático (salarios, suministros, servicios, entre otros), los estados no solo presupuestan una proporción importante y creciente de su gasto para este concepto, sino que, en general, gastan más de lo aprobado.

El instituto señaló que si bien es cierto que los presupuestos aprobados son susceptibles de modificaciones a lo largo del año y que en ocasiones estas tienen una justificación técnica (algún desastre natural o alguna otra contingencia), también es cierto que las variaciones sistemáticas y significativas entre los montos aprobados y ejercidos son sintomáticas de un mal proceso de planeación y/o ejecución de los recursos públicos.

Indicó que las variaciones injustificadas son posibles gracias a los amplios márgenes de discrecionalidad asociados a la falta de contrapesos democráticos por parte de los Congresos locales que deberían dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos.

Concluyó que al no darles seguimiento, los presupuestos de egresos se han convertido en cheques en blanco (una mera formalidad), a partir de los cuales la mayoría de los gobiernos estatales pueden gastar montos significativamente distintos a los aprobados. Estas variaciones, en muchas ocasiones, son evidencia de las “verdaderas prioridades” de las administraciones estatales.