Por Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

Hay palabras que entran a la vida pública vestidas de gala y salen convertidas en trámite. “Gobernanza” es una de ellas. “Buen gobierno” es otra. Suenan bien, casi demasiado bien: participación, transparencia, coordinación, ética, planeación, evaluación, cercanía con la gente. Nadie podría oponerse a semejante desfile de virtudes.

El problema es que en México hemos desarrollado una habilidad casi artística para convertir las buenas palabras en mala administración.

Gobernanza, en teoría, significa que el gobierno ya no decide solo desde el escritorio, sino que coordina, escucha, dialoga y construye soluciones con otros actores. Buen gobierno, también en teoría, significa gobernar con legalidad, eficacia, honestidad y resultados. Hasta ahí, todo suena impecable.

Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué cambia materialmente en la vida de las personas cuando el gobierno dice que gobierna mejor?

Si no cambia nada, no estamos ante buen gobierno. Estamos ante escenografía institucional.

Porque una cosa es gobernar bien y otra muy distinta es producir documentos que digan que se gobierna bien. En este país no nos faltan manuales, diagnósticos, guías, comités, mesas de trabajo ni presentaciones con flechas de colores. Nos faltan consecuencias. Nos falta que la transparencia sirva para sancionar, que la participación ciudadana sirva para decidir, que la planeación tenga presupuesto y que la evaluación produzca efectos reales.

De otro modo, todo se vuelve teatro de cumplimiento.

El teatro de cumplimiento es fácil de reconocer. Se instala una mesa. Se nombra un comité. Se aprueba una ruta. Se presenta una guía. Se habla de fortalecer capacidades, impulsar la ética pública, promover la gobernanza y acercar las instituciones a la ciudadanía. Luego viene la foto, el boletín, el aplauso y la frase solemne.

Mientras tanto, el ciudadano sigue en la fila. Sigue esperando el trámite. Sigue soportando la calle rota, la patrulla que no llega, el agua que no cae, la ventanilla que humilla y el funcionario que confunde servicio público con favor personal.

El ciudadano no vive en el PowerPoint. Vive en el territorio.

Por eso hay que decirlo con claridad: el buen gobierno no empieza en el documento. Empieza cuando se reduce la arbitrariedad. Cuando el ciudadano deja de depender del contacto, del compadre, del gestor, del humor del funcionario o del miedo a reclamar. Buen gobierno es que la ley funcione como protección, no como laberinto.

Una guía, un manual o un programa pueden ser útiles, claro que sí. Pero sólo si se atreven a tocar la realidad. Si una guía le dice a los municipios que deben planear, transparentar, evaluar y escuchar a la gente, pero no reconoce que muchos operan con precariedad técnica, captura política, improvisación presupuestal y dependencia del poder superior, entonces no orienta: regaña.

Y además regaña desde arriba.

El problema no es que los gobiernos locales desconozcan la virtud. El problema es que muchas veces sobreviven dentro de estructuras que premian la simulación. Se les pide planeación, pero se les mide por la foto. Se les exige transparencia, pero se les tolera opacidad si hay disciplina política. Se les habla de participación, pero se les celebra más cuando controlan que cuando escuchan. Se les pide profesionalización, pero los cargos siguen repartiéndose como recompensa de campaña.

Así no hay buen gobierno. Hay obediencia con membrete.

La gobernanza también tiene su trampa. Cuando se usa bien, sirve para coordinar esfuerzos y resolver problemas complejos. Pero cuando se usa mal, se convierte en una elegante manera de diluir responsabilidades. Si todos participan, nadie responde. Si todo es coordinación, nadie decide. Si todo es corresponsabilidad, el gobierno termina compartiendo sus fallas con la ciudadanía.

La palabra suena moderna, pero puede volverse una niebla.

Por eso una reflexión seria sobre buen gobierno tendría que decir menos obviedades y más verdades incómodas. La transparencia sin sanción es decoración. La participación sin incidencia es simulacro. La planeación sin presupuesto es literatura administrativa. La evaluación sin consecuencias es gimnasia estadística. La ética pública sin protección frente al abuso es sermón de oficina.

Gobernar bien no es sonar moderno. Es limitar el poder.

Es impedir que la ventanilla se convierta en feudo. Es lograr que los trámites no sean castigos. Es hacer visible quién decide, con qué información, bajo qué criterios, con qué recursos y con qué consecuencias. Es construir instituciones que funcionen incluso cuando no hay cámaras, discursos ni evento protocolario.

También habría que desconfiar de cierta obsesión por la “capacitación”. Capacitar puede servir, pero no basta. Capacitar sin cambiar incentivos es enseñar buenos modales en una casa que sigue premiando la trampa. De poco sirve explicar ética pública si el sistema castiga al que documenta, incomoda o dice que no.

La ética no es una palabra bonita al final de un documento. La ética es conflicto. Es resistir presiones. Es dejar evidencia. Es proteger el interés público cuando el interés político exige silencio.

Lo mismo pasa con la participación ciudadana. Escuchar a la gente no es reunirla para legitimar decisiones ya tomadas. Participar no es llenar formatos ni posar para la fotografía. Participar es incidir. Y la incidencia real incomoda, porque obliga al poder a explicar, corregir o retroceder.

Quizá por eso tantos gobiernos prefieren participación controlada: ciudadanas y ciudadanos invitados a aplaudir, no a decidir.

No se trata de despreciar los esfuerzos técnicos. Los documentos pueden ayudar. Las guías pueden ordenar. Los modelos pueden orientar. Pero ningún instrumento sustituye la voluntad política de cambiar lo que verdaderamente está mal. Un documento puede acompañar una transformación; no puede fingirla eternamente.

El buen gobierno no debería ser una colección de frases correctas. Debería ser un mecanismo para reducir abusos concretos. Menos poesía institucional y más consecuencias. Menos discurso de coordinación y más responsables identificables. Menos ética decorativa y más protección al ciudadano. Menos innovación verbal y más solución de problemas cotidianos.

Porque el ciudadano no necesita que el gobierno descubra nuevas palabras. Necesita que las viejas humillaciones dejen de repetirse.

Gobernanza no debería significar “todos juntos para que nada cambie”. Buen gobierno no debería significar “cumplimos con el documento”. Gobernar bien tendría que significar algo más sencillo y más difícil: que la gente deje de sentirse indefensa frente a la autoridad.

Mientras eso no ocurra, seguiremos fabricando documentos impecables para instituciones que aprendieron a simular con excelente ortografía.

Y quizá ahí esté el verdadero problema: en este país muchas cosas están en regla, pero muy pocas están en orden.

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Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz

Profesor investigador universitario, consultor en administración pública, inteligencia artificial, big data y análisis político.

Columnista en Periodismo Hoy.

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