Luis Enrique Sánchez Fernández 

La democracia fue concebida para que los ciudadanos eligieran periódicamente a sus gobernantes. No para que los gobernantes vivieran permanentemente en campaña. 

Sin embargo, esa parece ser una de las grandes transformaciones de la política contemporánea. 

Las elecciones duran un solo día. 

Las campañas tienen una duración legal de algunas semanas. 

Pero la competencia política se ha extendido a los trescientos sesenta y cinco días del año. 

Es real, no figuración.  

Cada obra pública, cada conferencia de prensa, cada fotografía, cada publicación en redes sociales, cada recorrido por una colonia o una comunidad puede convertirse en una oportunidad para construir una candidatura futura. 

La política deja entonces de mirar el largo plazo. 

Empieza a vivir pendiente de las encuestas, de la popularidad, de la imagen y de la siguiente elección. 

Gobernar exige tomar decisiones difíciles. Algunas generan respaldo ciudadano; otras inevitablemente producen inconformidad. Un gobernante responsable debe decidir pensando en el interés colectivo, incluso cuando ello implique pagar un costo político. 

Quien vive en campaña permanente suele actuar de manera distinta. 

Antes de preguntarse qué necesita la sociedad, se pregunta qué le dará más votos. Antes de impulsar una política pública, calcula su impacto electoral. La comunicación termina ocupando el lugar de los resultados. 

Poco a poco, la propaganda desplaza al gobierno. 

El riesgo no es menor. 

Cuando los recursos públicos, el tiempo de los funcionarios y la atención institucional se orientan, directa o indirectamente, a fortalecer proyectos personales o de grupo, la administración pública pierde eficacia. Las prioridades pueden dejar de ser la seguridad, la salud, la educación o la infraestructura para dar paso a aquello que produce mayor rentabilidad política. 

El ejercicio,  la obligación de gobernar no sólo no es prioridad. La vocación,  el compromiso de gobernar para las mayorías no existe. 

Y esa lógica tiene un costo que rara vez aparece en los discursos. 

El ciudadano comienza a desconfiar. 

Observa que las promesas se multiplican conforme se acercan las elecciones; que las inauguraciones aumentan cuando el calendario político lo aconseja; que las giras se intensifican cuando hay candidaturas en juego; que la comunicación oficial suele parecerse demasiado a la promoción personal. 

La confianza se erosiona no porque existan elecciones, sino porque la frontera entre gobernar y hacer campaña se vuelve cada vez más difícil de distinguir. 

México no necesita gobernantes que olviden la política. 

Necesita políticos que recuerden que fueron electos para gobernar antes que para buscar el siguiente cargo. 

La democracia no consiste únicamente en organizar elecciones libres. También exige gobiernos capaces de dedicar la mayor parte de su tiempo a resolver los problemas de la sociedad y no a construir la próxima candidatura. 

Quizá esa sea la reforma política más urgente. 

No una nueva ley electoral. 

Sino recuperar una convicción que parece haberse extraviado: el poder es un instrumento para servir a los ciudadanos, no una plataforma para vivir eternamente en campaña.        

Es cuanto.