El gobierno de Puebla presentó la ruta jurídica que seguirán en contra de exservidores públicos que participaron en la estructuración de los contratos para la construcción de las plataformas de la planta armadora Audi, ubicada en San José Chiapa.

Durante su participación en el programa “Derecho de Réplica”, José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, informó que con dicha estrategia se busca evitar que los ciudadanos sigan cubriendo un adeudo pendiente que asciende a mil 500 millones de pesos.

También reveló que ya fueron plenamente identificados los exfuncionarios involucrados en la operación realizada bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP) durante la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle.

Un adeudo heredado

García Parra puntualizó que el compromiso financiero no corresponde directamente a la empresa automotriz Audi, sino a un esquema que involucra a la empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe (Codesa), además de un despacho y una institución financiera que actualmente detentan la cartera del fideicomiso firmado en noviembre de 2012.

De acuerdo con las proyecciones financieras del gobierno estatal, aún restan por cubrir cerca de mil 500 millones de pesos de los que aproximadamente /50 millones de pesos correspondientes al presente año (2026); 750 millones de pesos corresponden al ejercicio fiscal 2027, en tanto el vencimiento final del contrato está proyectado para noviembre de 2028.

El coordinador de Gabinete enfatizó que estos recursos públicos, que continúan comprometiendo las finanzas del estado, podrían destinarse de manera prioritaria a rubros de alto impacto social, tales como infraestructura hospitalaria, unidades médicas y la adquisición de patrullas.

Descartan persecución política

En cuanto a los señalamientos sobre la filiación partidista de algunos de los implicados, García Parra rechazó categóricamente que se trate de una persecución o un tema con tintes electorales. Asimismo, advirtió que la actividad política o digital que algunos exfuncionarios mantienen actualmente en redes sociales no los exime de rendir cuentas.

“Que sean activos en redes del PAN no quiere decir que tengan un velo protector contra sus actos de corrupción”, dijo y reiteró que se procederá estrictamente por la vía legal.

Finalmente, García Parra adelantó que dará a conocer más detalles sobre los avances de la ruta jurídica y la situación legal de los involucrados una vez que concluya la revisión integral de los contratos firmados en el pasado.