El Gobierno del Estado de Puebla deberá pagar una indemnización millonaria superior a los 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones, empresa a la que en 2012 el entonces gobernador Rafael Moreno Valle le canceló la construcción y concesión por 30 años del libramiento poniente, obra que ganaron en licitación en el gobierno de Mario Marín Torres.

La obra era el Libramiento Poniente, proyecto que consistía en una vía de 26 kilómetros desde Huejotzingo hacia la Carretera Siglo XXI en Atlixco.

Melgarejo Construcción y Concesiones fue la empresa a la que en 2009 el gobierno de Mario Marín le entregó la licitación de manera directa, a pesar de que se señaló que la empresa no contaba con el reconocimiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ni por la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), sin embargo el gobierno estatal lo justificó señalando que era una empresa de nueva creación, parte de un corporativo internacional, además que era la única empresa poblana con la capacidad para ejecutarla.

La obra continuó avanzando hasta 2011 cuando la obra se paró debido a que la empresa no pudo adquirir los derechos de vía ante la oposición de varios grupos de ejidatarios que se negaron a vender sus tierras.

Ante ello el gobierno de Rafael Moreno Valle en 2012 determinó que cancelar la concesión, al mismo tiempo que anunció una nuevo proceso de licitación para que se construyera un nuevo libramiento de 40 kilómetros y que iría desde el desde el municipio de San Martín Texmelucan hasta la carretera Siglo XXI.

El caso la constructora lo llevó hasta los tribunales luego de que el gobierno estatal no respondiera a su solicitud de indemnización.

La empresa recurrió a la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal De Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el cual falló a favor de la constructora, por lo que el gobierno de Puebla promovió un amparo directo.

Sin embargo, fue sobreseído, por el que llevaron el recurso de revisión a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), . Ahí los ministros, con el voto en contra de Javier Laynez Potisek y Lenia Batres Guadarrama, desecharon por mayoría revisar el caso, dándole la razón a la empresa.

Ahora el gobierno estatal deberá pagarle a la constructora el pago del monto total de la inversión realizada, más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.