Después de que el gobierno de Puebla acusara que el retraso en la instalación de 200 cámaras de videovigilancia en la autopista México-Puebla era culpa de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el organismo respondió aclarando que el retraso es responsabilidad del gobierno de Puebla por presentar un proyecto que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios.

Señaló la dependencia en un comunicado donde explica la razones por las que la que el “permiso técnico”, como dijo el vicealmirante Francisco Sánchez González en conferencia de prensa el pasado 5 de agosto, no se ha otorgado.

De acuerdo con la Capufe en 2024 el gobierno de Puebla inició el proceso para la instalación del Monitoreo Inteligente que consistía en la instalación de 13 puntos de monitoreo inteligente.

El proyecto se presentó ante el Centro SICT Puebla y CAPUFE, pero se detuvo por el cambio de gobierno del estado, retomándose en mayo de 2025.

En mayo el Centro SICT respondió al gobierno de Puebla señalando que el proyecto no estaba completo ni cumplía los requisitos técnicos, por lo que debían corregirlo y actualizar el proyecto, “quedando en espera de los cambios a las observaciones realizadas”.

CAPUFE también recordó que Puebla ya tiene dos convenios para operar cámaras en los Arcos de Seguridad de Huejotzingo y Palmar de Bravo, cámaras que están sobre las autopistas México–Puebla y Puebla–Córdoba.

En cuanto a su propuesta de instalar 200 nuevas cámaras en las mismas autopistas y por las que el gobierno de Puebla los señaló como los responsables del retraso, precisan que la administración estatal debe “presentar ante la SICT Puebla” el proyecto completo, los documentos legales necesarios y toda la información técnica requerida.

En tanto, con Capufe no deben presentar esa información pues no son la instancia indicada para autorizar tales proyectos, sino lo que le corresponde y es su responsabilidad es “la operación, administración y mantenimiento de sus tramos carreteros”.

Reiteran que solo la solo la Dirección General de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) “es la indicada para autorizar estos proyectos, siempre y cuando se cumplan con todos los lineamientos establecidos”.

Finalmente, Capufe señala que aunque no puede dar permisos apoya los proyectos del gobierno de Puebla, y está dispuesto a colaborar desde sus responsabilidades en todas las acciones que beneficien a millones de personas que usan esas autopistas.