El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, defendió la sanción impuesta a María Teresa Castro Corro, ex titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas durante la administración de Luis Miguel Barbosa, negando que se trate de una persecución política.

“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”.

Así lo han señalado Alejandro Espidio Reyes, titular de la dependencia en un comunicado donde señalan que “nadie está por encima de la Ley” en Puebla, independientemente de su cargo o militancia.

Subrayaron que la “justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones” y que el gobierno actúa con determinación ante posibles delitos o acciones indebidas.

La sanción surge de un quebranto al erario por más de 600 millones de pesos, producto de la inversión de dicha cantidad en Accendo Banco, institución que fue declarada en quiebra.

Por dicha situación hace unas semanas la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Puebla declaró culpable no solo a Castro Corro, sino también a otras dos personas que fueron funcionarias públicas bajo el mandato del ex gobernador Barbosa Huerta.

Como resultado de esta determinación, a María Teresa Castro Corro se le impuso una sanción económica de 362 millones 997 mil 678.99 pesos y una inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público.