La administración estatal, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, ha puesto bajo la lupa seis concesiones de servicios públicos en la entidad. Entre ellas destaca el contrato con Concesiones Integrales, más conocida como Agua de Puebla, empresa que enfrenta la posibilidad real de una revocación de contrato o la adquisición del 75% de sus acciones por parte del Estado.

Reveló Raúl Pineda Zepeda, titular de la Consejería Jurídica del Estado, al indicar que el análisis actual se centra en las irregularidades y la falta de inversión en infraestructura por parte de la concesionaria. Sin embargo se optaría por la opción técnica de que el Estado compre la mayoría de las acciones, el funcionario subrayó que la balanza se inclina hacia la terminación del contrato.

“Es parte del análisis que estamos haciendo, es parte de los pros y los contras. Lo más probable es una revocación de la concesión debido a las irregularidades e incumplimientos”, afirmó Pineda Zepeda.

Respecto a las versiones que señalaban el supuesto interés de la firma Manila Water para adquirir participación en Concesiones Integrales, el consejero jurídico aclaró que, hasta el momento, no existe información concreta ni actos formales que validen dicho movimiento.

Finalmente, el consejero fue enfático al señalar que el gobierno actual no será omiso ante las deficiencias en el servicio que afectan a la ciudadanía, advirtiendo que se actuará con rigor legal frente a las empresas que no cumplan con lo estipulado.

En cuanto a las otras cinco concesiones en proceso de auditoría y análisis una de ellas es la Promotora Ambiental de la Laguna (PALA), encargada de los servicios de limpia en la capital poblana.