El gobierno de México anunció este martes un ambicioso plan de inversión en infraestructura para el periodo 2026-2030, con un monto estimado de 5.6 billones de pesos.

La estrategia contempla la participación público-privada en ocho sectores estratégicos, con el objetivo de dinamizar la economía nacional y enfrentar los retos derivados de la coyuntura internacional.

El anuncio se realizó durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y sucede en un contexto marcado por el débil crecimiento económico de 0.7% y la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, principal socio comercial del país.

La mayor parte de los recursos se destinará al sector energético, seguido por proyectos de trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. En todos los casos, los contratos se estructurarán bajo modelos mixtos, en los que el Estado mantendrá la participación mayoritaria frente a los socios privados.

Con esta fórmula se busca garantizar que las inversiones se alineen con los objetivos de desarrollo nacional y al mismo tiempo atraigan capital externo, aseguró Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien también detalló que la estrategia arrancará con la conformación de un consejo de planeación extranjera, coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dicho consejo tendrá la tarea de dar seguimiento a los proyectos de las dependencias y entidades, así como atender la falta de recursos que históricamente ha limitado la ejecución de obras de gran escala. La intención es asegurar que los proyectos se desarrollen con transparencia y eficacia.

Las primeras inversiones, previstas para 2026, alcanzarán los 722 mil millones de pesos. Con este arranque, el gobierno estima que la economía mexicana podría crecer entre 2.5% y 3% en ese año, según lo señalado por el secretario de Hacienda durante la presentación.

El plan se perfila como uno de los más ambiciosos en materia de infraestructura en la historia reciente del país, y será clave para evaluar la capacidad del gobierno de impulsar un crecimiento sostenido en medio de un entorno internacional complejo.