La Guardia Nacional y el ayuntamiento de Apodaca rechazaron haber vulnerado los derechos de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla, quien denunció públicamente haber sido agredido durante su detención en la terminal aérea de Monterrey.

El posicionamiento surge días después de que en un video y con el respaldo de la universidad jesuita el académico compartiera su versión de los hechos, desmintiendo incluso que hubiera ingresado al centro de rehabilitación por voluntad propia para desintoxicarse.

En un comunicado, la corporación federal explicó que la detención ocurrió el 31 de diciembre de 2025 a petición de agentes del Instituto Nacional de Migración, luego de que Escobar Barrios se encontraba “en actitud agresiva”, alterando el orden público y negándose a acatar indicaciones.

De acuerdo con la versión oficial, los elementos actuaron con fundamento en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional y trasladaron al académico al Centro de Justicia de Apodaca, donde se le practicó una evaluación médica sin detectar fracturas ni lesiones graves. Escobar permaneció 36 horas bajo arresto administrativo y fue liberado el 2 de enero de 2026.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal también negó irregularidades en su reclusión, asegurando que se le respetaron sus derechos, se le proporcionaron alimentos y líquidos, y que salió “por su propio pie” sin signos de desorientación.

Sin embargo, las declaraciones oficiales contrastan con las denuncias del propio académico, quien fue reportado como desaparecido y posteriormente localizado con vida. Escobar afirmó que sufrió agresiones que le provocaron fracturas en tres costillas, lo que respaldó con certificados médicos.

En respuesta, la Guardia Nacional subrayó que el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León practicó un examen el 16 de enero de 2026, sin encontrar evidencia de fracturas.