Redacción PH
El pasado 8 de marzo, mientras en todo el mundo, incluso en Guatemala, miles de mujeres tomaron las calles para reivindicar sus derechos, en el país centroamericano su Congreso incremento las penas por abortar y prohibió los matrimonios entre personas del mismo sexo.
El retroceso se justificó con la aprobación de una ley que protege el derecho a la vida, la familia, la libertad de conciencia, expresión, así como la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Además, protege el derecho de los padres a “orientar a sus hijos en su sexualidad”.
Se trató de la iniciativa 5272 la cual desde 2017 estaba en la mesa de discusión y, ahora, cinco años después se aprobó con 101 votos a favor.
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Es así como Guatemala pasó de penas de 1 a 3 años por interrumpir un embarazo a de 5 a 25 años.
Esta ley se aprueba pese a que el Observatorio de Salud Reproductiva en Guatemala señaló que durante el 2021 se registraron 72 mil 77 nacimientos entre mujeres de 10 a 19 años. De esta cifra 2 mil 41 eran niñas entre 10 y 14 años y 70 mil 36 adolescentes de entre 15 y 19 años.
También se prohíbe a las escuelas públicas o privadas promover educación sobre diversidad sexual, mientras que la educación sexual deberá estar a cargo de los padres.
“Está prohibido a las escuelas enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.
Se prohíbe el matrimonio igualitario y también que a partir de ahora las parejas que no estén unidas en matrimonio, no sean consideradas uniones válidas.
La ley también especifica que cualquier persona tiene libertad de “sentirse incómoda” por la diversidad sexual y que nadie puede ser perseguido por no aceptar la diversidad sexual o la ideología de género.
La única autoridad que puede vetar la ley era Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, no obstante el miércoles 9 de marzo celebró que Guatemala fuera declarada como “Capital Iberoamericana Provida”.
