El cuerpo de María Luisa Trinidad Velázquez, de 41 años, fue localizado sin vida el 13 de septiembre de 2026 en los límites de Puebla y Amozoc, tras permanecer desaparecida desde el pasado 10 de septiembre, cuando se dirigió al Mercado Morelos.

El cadáver fue hallado detrás del Parque Industrial Chachapa con signos de violencia, maniatado, con al menos una lesión por arma de fuego y acompañado de un mensaje amenazante. Si bien diversos medios dieron por confirmada la identidad de inmediato, el medio e-consulta advirtió en su primer corte que aún faltaba concluir la identificación pericial formal por parte de la autoridad ministerial.

La desaparición desató cuestionamientos sobre la actuación institucional. La familia de la víctima denunció públicamente que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) les pidió esperar un plazo de 72 horas antes de iniciar formalmente con las labores de búsqueda. Hasta el momento, la institución no ha esclarecido qué funcionario atendió el primer reporte ni qué acciones operativas se ejecutaron durante ese lapso crítico.

El despliegue de búsqueda se activó el 11 de septiembre en el Mercado Morelos, punto donde civiles obstaculizaron de manera temporal el ingreso de los elementos de la Policía Estatal. En dicho operativo, las autoridades concretaron la detención de un hombre y, de acuerdo con reportes periodísticos, se localizó una fotografía que evidenciaba que María Luisa se encontraba privada de la libertad.

Tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como la FGE confirmaron la realización de diligencias y la captura en el centro de abasto; sin embargo, han evitado informar sobre la situación jurídica del detenido, los hallazgos periciales del teléfono asegurado o una cronología transparente de las primeras horas.

La existencia de una cartulina con amenazas y los antecedentes del caso llevaron a las autoridades a indagar una posible disputa criminal como línea de investigación preliminar, aunque esta hipótesis no confirma la autoría del homicidio.

En tanto, la FGE tiene pendiente esclarecer la cronología completa que abarque la primera atención del reporte, la activación del Protocolo Alba, las acciones de geolocalización, el análisis de la evidencia telefónica y el cálculo forense del momento estimado de la muerte.