Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN y el académico de la BUAP, Luis Enrique Sánchez Díaz, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el artículo 480 del Código Penal de Puebla, que sanciona el ciberasedio.

Este martes 8 de julio el líder político y el académico con el respaldo de más de 8 mil firmas ciudadanas recolectadas a través de una plataforma digital, recurrieron al máximo tribunal para exigir que se deje sin efecto la reforma al artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, que establece sanciones e incluso prisión por el delito de ciberasedio.

Sobre este nuevo tipo penal, Romero Herrera recordó que la también llamada “Ley censura” es un mecanismo de censura que vulnera la libertad de expresión, pues permite sancionar publicaciones consideradas ofensivas, incluso si son opiniones o bromas.

“Si vives en Puebla, hoy te pueden meter a la cárcel si alguien se siente ofendido y eso es lo que vamos a buscar derogar”, señaló el político y advirtió que una interpretación ambigua puede llevar a penas de hasta tres años de prisión.

Además de recurrir a la SCJN también acudirán a la CNDH para solicitar apoyo y buscarán sumar a universidades, organizaciones civiles y otros partidos a su causa.

Incluso buscarán promover un amparo universal para que cualquier ciudadano pueda adherirse y proteger sus derechos, dado que la ambigüedad en la redacción del artículo facilita abusos e interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Debe recordarse que actualmente en el Congreso de Puebla ya se discuten propuestas para modificar la redacción de artículo e incluso se han organizado foros para discutir la penalización del “ciberasedio”, sin embargo hasta ahora el Congreso local encabezado por Laura Artemisa García Chávez ha descartado derogar el artículo y solo ha prometido modificar la redacción.

Lo anterior pese a que tanto Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, y la CNDH se han posicionado a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura.