Redacción PH

Jaime Jiménez Ruiz, integrante del movimiento por la defensa del Río Verde, Oaxaca, fue asesinado la tarde del domingo 28 de marzo, convirtiéndose en el quinto defensor de ese cuerpo de agua asesinado en lo que va del 2021.

Advirtió Servicios para una Educación Alternativa (Educa), organización que evidenció como Paso de la Reina se ha convertido en un área peligrosa para hacer activismo, pues aquí converge la oposición a los proyectos hidroeléctricos y el activismo comunitario para preservar el Río Verde.

El crimen contra el también exagente municipal de Paso de la Reina, integrante de la defensa del Río Verde y del comité de la asociación ganadera de la región, no fue un hecho aislado, denunció el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, quien recalcó que van cinco defensores asesinados en lo que va del año.

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Por ello acusaron a la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), a la Fiscalía General del Estado de (FGE) Oaxaca, y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, de no ejecutar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la entidad.

Y es que, desde enero las agresiones contra defensores han incrementado, tan solo el pasado 21 de enero sujetos desconocidos dejaron una amenaza dirigida a Heras Cruz en las obras de construcción de la sede del comisariado ejidal de Paso de la Reyna.

Días despúes de la amenaza, Heras Cruz fue asesinado.

También Filogonio Martínez Merino, agente municipal, fue alertado sobre la presencia de una “camioneta sospechosa”, con dos personas a bordo, en el paraje El Zanate.

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El activismo de los pobladores contrasta con las acciones de las autoridades, como ocurre con Celia Rivas Márquez, presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, quien insiste en explotar materiales pétreos del Río Verde.

“La comunidad inicialmente se opuso y ella se vio obligada a suscribir un convenio; sin embargo, debido a que se incumplió, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara la explotación del río (…) La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y Rivas Márquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar permiso ambiental por las afectaciones al río”, dijo el comunicado.