La LIX Legislatura de Puebla cerrará con broche de oro iniciando procedimientos sancionadores contra José Juan Espinosa Torres, diputado local electo de “Juntos Haremos Historia”, Luis Paredes Moctezuma y dos presidentes municipales asesinados en 2016 y 2017, entre otros.

Este viernes la Comisión Inspectora someterá a votación si se abrirán los Inicios de Procedimiento Administrativo y de Responsabilidades (Ipadr) contra José Santamaría Zavala edil de Huehuetlán y José Antolín Vital Martínez, de Tepexco tras detectar anomalías en sus cuentas públicas de 2015.

Sin embargo, en 2016 y 2017, los munícipes fueron acribillados, por lo que de ser encontrados culpables no se les podrá fincar responsabilidades.

En tanto, tras la notificación de la Auditoria Superior del Estado (ASE), también deberá rendir cuentas Espinosa Torres, exedil de San Pedro Cholula, quien deberá comprobar las deficiencias administrativas de al menos 30 millones de pesos durante el 2015.

Al respecto, el ahora morenista que ayer irrumpió en la sesión, aseguró que dicha acusación no será impedimento para que tome protesta como diputado local.

De acuerdo con el exedil, las supuestas anomalías detectadas forman parte de la “persecución política” de la que es víctima por negarse a reconocer a Martha Erika Alonso Hidalgo como gobernadora electa.

Guillotina contra Paredes

En esta ocasión el exedil de Puebla podría no librar los procesos que pesan contra él a 13 años de haber dejado el cargo.

De encontrarse responsable sería inhabilitado por ocho años por daño patrimonial a las arcas municipales de la capital en tres períodos: de marzo a mayo y de junio a diciembre de 2004, así como de enero a febrero del año 2005.

Esta sería la segunda vez que el Congreso de mayoría morenovallista impondría una sanción, la primera fue una inhabilitación de 12 años en 2014, también por daño patrimonial.

Sin embargo el panista logró echar abajo la sanción.

También se indagará a Rafael Nuñez Ramírez, presidente municipal de San Martín Texmelucan, municipio actualmente tomado por el gobierno del estado debido a la ola de inseguridad que se disparó en el lugar.

En total, serán dictaminadas 255 cuentas públicas, de las cuales, 87 serán aprobadas; en 80 se aplicarán sanciones; en 43 se revocarán o modificarán las penas; en 37 se iniciarán procesos administrativos y en ocho se aceptarán procesos de revocación.