La izquierda que gobierna hoy en México, primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, tiene características propias dentro del amplio abanico de las izquierdas latinoamericanas. No es socialista en el sentido clásico, ni abiertamente progresista como la chilena, ni rupturista como la colombiana. Es, sobre todo, una izquierda nacional-popular, profundamente enraizada en la historia política de México y marcada por un discurso moralizante, una práctica pragmática y un uso simbólico del poder presidencial. 

A diferencia de otras izquierdas de la región, la mexicana revive elementos del viejo nacionalismo revolucionario, aquel que en el siglo XX construyó instituciones, redistribuyó tierras y nacionalizó el petróleo. Se reivindican figuras como Lázaro Cárdenas, se defienden los recursos estratégicos como propiedad de la nación, y se impulsa una narrativa de “soberanía” frente a poderes económicos globales. De ahí que el Estado haya vuelto a tener un papel central en sectores clave como la energía, la infraestructura y el bienestar social. 

En lo económico, la apuesta es una suerte de neodesarrollismo con rostro popular. El gobierno no se propone destruir el mercado, pero sí regularlo más y usar el gasto público como palanca de justicia social. Las transferencias directas a adultos mayores, jóvenes y personas con discapacidad son la columna vertebral del nuevo modelo de bienestar. No se trata de subsidios clientelares, como afirman sus críticos, sino de un intento por reparar décadas de desigualdad sin cambiar las reglas estructurales del capitalismo. 

Pero esta izquierda también es profundamente pragmática, a veces contradictoria. La coalición gobernante ha incluido a expriistas, expanistas, líderes sindicales y activistas sociales. Morena no es un partido ideológico al estilo de los viejos partidos de izquierda, sino un movimiento heterogéneo, que se organiza más por lealtades personales que por programas definidos. Esto le ha dado fuerza electoral, pero también fragilidad interna. 

El estilo de gobierno ha estado marcado por un fuerte centralismo presidencial, algo común en la historia política mexicana. López Obrador concentró el poder en su figura, polarizó el debate público y mantuvo un pulso constante con los “poderes fácticos”: medios de comunicación, empresarios, jueces, órganos autónomos. Esa lógica de confrontación con “la élite” ha sido eficaz políticamente, pero ha generado un clima de crispación y desconfianza institucional. 

En temas sociales, esta izquierda se muestra ambigua. Aunque ha habido avances en derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, la retórica oficial rara vez los coloca al centro del proyecto de transformación. Predomina una visión tradicional del pueblo, asociada al trabajo, la familia, la religión y los valores comunitarios. Se avanza por presión social y legislativa, no tanto por convicción del liderazgo. 

En el fondo, esta izquierda se define más por lo que rechaza que por lo que proclama: rechaza el neoliberalismo, la corrupción, la privatización del Estado, la subordinación a intereses extranjeros. En cambio, sus principios afirmativos son más difusos: justicia social, soberanía, honestidad, amor al pueblo. Es una izquierda que habla en clave histórica y moral, más que en términos técnicos o doctrinarios. 

Con Claudia Sheinbaum al frente del país, el gran reto será darle institucionalidad al proyecto sin caer en el dogma, abrir espacios de crítica sin renunciar a las convicciones, y construir una izquierda moderna que no dependa del carisma de un solo líder. Porque más allá de los slogans, lo que está en juego no es solo el rumbo del país, sino la viabilidad de una izquierda mexicana propia, democrática y duradera.