Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, minimizó la problemática de desaparición de personas al calificar el registro formal de denuncias como una herramienta de “golpeteo político” y responsabilizar de manera estereotipada a las jóvenes por el aumento en las estadísticas.

Durante la transmisión de su programa Martes del Jaguar, la mandataria estatal hizo un llamado directo a las mujeres para que “ya no se vayan con el novio”, argumentando que estas ausencias voluntarias inflan las cifras y afectan la percepción pública de su administración.

“Ahora nos están pidiendo que por todas las personas desaparecidas se abran carpetas de investigación (…) Luego aparece la chamaca que se fue dos días con el novio, pero ya mientras te obligaron a abrir una carpeta de investigación”, acusó Sansores San Román.

Estas declaraciones se dan tras la entrada en vigor de la reforma de 2025 a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la cual obliga formalmente a todas las fiscalías del país a abrir carpetas de investigación de manera inmediata ante la presunción del delito, eliminando criterios discrecionales que históricamente retrasaban la búsqueda de niñas y mujeres.

Jackson Villacís Rosado, fiscal general de Campeche, quien acompañ+o a Sansores en su programa respaldó la postura oficial y manifestó de forma explícita que la principal preocupación de la Fiscalía General del Estado (FGECAM) no es el fenómeno de la desaparición en sí, sino el impacto numérico que tendrá la aplicación de la ley en sus registros institucionales.

“La preocupación que tiene la fiscalía es el nivel al que se van a elevar las carpetas de investigación en este hecho”, expresó Villacís Rosado, tras argumentar que existen casos que “no son constitutivos de delito” por tratarse de personas que abandonan sus hogares por problemas familiares.

Especialistas en perspectiva de género e integrantes de colectivos de búsqueda han señalado reiteradamente que discursos como los de la administración de Campeche perpetúan estereotipos de género y revictimizan a las mujeres, asumiendo de entrada que sus desapariciones son voluntarias o “por razones sentimentales”.

Este tipo de narrativas contravienen los protocolos internacionales (como el Protocolo Alba y el Protocolo Homologado de Búsqueda), los cuales dictan que las primeras horas son vitales y que ninguna denuncia debe ser desestimada bajo prejuicios de género.

No obtante, el titular de la FGECAM reconoció que el estado arrastra un rezago, pues aún falta sumar al registro oficial las denuncias presentadas durante todo el año 2025.

Respecto al panorama de 2026, Villacís Rosado ofreció datos que reflejan la disparidad entre los reportes ciudadanos y la respuesta penal, además de mantener la opacidad sobre el paradero de decenas de personas:

140 personas acudieron a reportar una desaparición ante la FGECAM entre enero y mayo de 2026.

128 carpetas de investigación fueron iniciadas formalmente en ese mismo periodo.

103 personas fueron localizadas según las autoridades, en tanto 37 personas permanecen en un estatus desconocido, pues el fiscal no precisó la situación ni las condiciones de su localización o ausencia.

Layda Sansores insistió en blindar la imagen de su gobierno de cara al próximo proceso electoral, sugiriendo que la visibilización de la crisis de desapariciones responde exclusivamente a una estrategia de la oposición y de los medios de comunicación.

“Aquí lo que preocupa también, ¿no?, vienen las campañas; entonces, van a salir los medios a decir: ‘¡Oh, han aumentado los secuestros, las personas desaparecidas en Campeche!’… que ya sabemos quiénes son, que los pagan los de enfrente”, concluyó.

Con estas declaraciones, el gobierno campechano sitúa el debate de las desapariciones en la arena político-electoral, invisibilizando las dinámicas de violencia de género que obligan a muchas mujeres a huir de sus hogares o que las convierten en víctimas de delitos graves.